En Texas, un juez federal anuló la política de “Parole in Place” implementada por la administración de Biden, que permitía a los cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses vivir en el país de manera temporal mientras regularizaban su estatus.
Este fallo, emitido por el juez J. Campbell Barker, argumentó que la administración demócrata excedió su autoridad al interpretar la ley de inmigración sin contar con el respaldo del Congreso.
El fallo también negó a los beneficiarios del programa la oportunidad de intervenir en el caso para defender sus testimonios.
Esta medida, promovida por Texas y otros 15 estados republicanos, afectó a cientos de miles de personas que, precisamente por el “Parole in Place,” habían evitado la deportación y obtenido permisos de trabajo temporales.
La política, introducida a comienzos de este año, fue vista como un intento de Biden de ganar apoyo para su reelección, facilitando la vida de familias en situación irregular que cumplían ciertos requisitos.
No obstante, Texas y los estados demandantes sostuvieron que esta medida generaba un alto costo en servicios sociales, pues incluía el acceso a servicios de salud, educación y seguridad para más de medio millón de personas.
Para calificar al programa, los solicitantes debían cumplir condiciones como haber residido en Estados Unidos desde 2014 y tener un matrimonio legal con un ciudadano estadounidense antes de 2024.
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Sin embargo, tras el fallo de Barker, miles de solicitudes enviadas al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) quedaron en pausa, dejando en incertidumbre a quienes buscaban regularizar su situación migratoria.
Asimismo, el trámite requería la presentación del Formulario I-131 ante el USCIS, sin costo inicial, aunque la tarifa actual para 2024 era de 580 dólares.
Con la reciente decisión judicial, el futuro de esta política de protección temporal parece incierto, y los principales afectados deberán esperar para ver cuál será el destino que les depara.
Redacción de Cubanos por el Mundo
