El caso de Oneida Vega Santo, agente de seguridad de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Seproc en Morón, Ciego de Ávila, refleja un claro ejemplo de injusticia laboral en Cuba. Este conflicto, que comenzó en diciembre de 2023, ha sido marcado por decisiones contradictorias, incumplimientos administrativos y un proceso judicial que, aunque favorable a la trabajadora, no ha sido acatado en su totalidad.
Los antecedentes: una sanción injusta
El conflicto surgió cuando la administración de Seproc acusó a Oneida de “abandono de servicio y no entrega de la posición”, aplicándole una medida disciplinaria del 25 % de descuento en su salario. Sin embargo, el Tribunal Municipal Popular (TMP) de Morón determinó que no hubo abandono del servicio. Según el dictamen judicial, Oneida entregó el puesto a otro agente diez minutos antes de lo previsto, sin que esto generara pérdidas o incidentes en el objetivo custodiado.
El TMP concluyó que la medida disciplinaria era excesiva y que, en su lugar, una simple amonestación hubiera cumplido el propósito reeducativo sin afectar el salario de la trabajadora, como lo establece el artículo 64 de la Constitución cubana.
Desobediencia administrativa
A pesar del dictamen del TMP que revocaba la sanción y ordenaba la reparación de daños y perjuicios, Seproc incumplió. Aunque reembolsó parcialmente a Oneida (665 pesos por la penalización salarial y 1,554 por resultados laborales), no restituyó la totalidad del dinero adeudado, que asciende a 5,500 pesos, según cálculos de la afectada. Además, se le negó el acceso a las utilidades correspondientes al primer trimestre de 2024 bajo el pretexto de haber sido sancionada.
La administración de Seproc también ignoró la orden judicial de aplicar una medida disciplinaria de amonestación pública, lo que evidencia una actitud de desobediencia hacia la decisión del TMP y, en última instancia, hacia el marco legal establecido.
Intervención sindical y seguimiento
Oneida llevó su caso ante la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Ciego de Ávila, lo que motivó una reunión en la sede provincial de la organización. Allí, el director provincial de Seproc presentó una carta que, lejos de esclarecer la situación, confirmó las irregularidades en la aplicación de la sanción. Como resultado, se acordó que una comisión investigadora revisaría el caso en el municipio de Ciro Redondo para verificar la afectación económica.
El caso de Oneida no es aislado. Según informes de la CTC y los sindicatos provinciales, más de 200 quejas laborales fueron registradas en 2024 en Ciego de Ávila, muchas de ellas relacionadas con la aplicación excesiva de medidas disciplinarias sin fundamentos legales. En su reciente pleno provincial, la CTC subrayó la necesidad de capacitar a dirigentes y cuadros profesionales en legislación laboral para evitar violaciones recurrentes.
Un conflicto abierto
A pesar de los avances en el caso, Oneida sigue esperando la devolución completa de su dinero y la aplicación de la medida disciplinaria ordenada por el TMP. Su historia ha tenido gran repercusión, siendo una de las más destacadas en los informes sindicales y en las publicaciones del periódico oficialista Trabajadores, que continúa dando cobertura al caso.
El conflicto de Oneida Vega Santo es un ejemplo claro de cómo la falta de cumplimiento legal por parte de las administraciones afecta los derechos de los trabajadores en Cuba. Mientras las organizaciones sindicales abogan por justicia y reformas, el caso permanece abierto, reflejando la lucha constante de los trabajadores cubanos frente a las arbitrariedades del sistema.
LEE TAMBIÉN: Esto es Cuba: Trencito infantil de Santa Clara ahora es transporte público (+VIDEO)
Redacción Cubanos por el Mundo
