Las deportaciones masivas impulsadas por la administración de Donald Trump han encendido las alarmas en distintos sectores de la sociedad y la economía. Con la promesa de expulsar a cientos de miles de inmigrantes indocumentados, el gobierno de EE.UU. ha puesto en marcha una serie de medidas que no solo afectan a los migrantes, sino que podrían tener consecuencias económicas devastadoras y generar conflictos internacionales, señalan sus críticos. Ahora, Guatemala ha aceptado recibir a los deportados, pero surgen serias dudas en algunos sectores contrarios al republicanismo sobre el verdadero costo de este acuerdo y las repercusiones que podría traer.
Guantánamo: Un destino inesperado y costoso
La deportación de inmigrantes no solo se está llevando a cabo en vuelos comerciales, sino también mediante traslados a instalaciones militares. Recientemente, el primer vuelo con inmigrantes detenidos aterrizó en la Base Naval de Guantánamo Bay, en Cuba. Según reportes de USA Today, la administración Trump planea utilizar este centro de detención para albergar hasta 30,000 migrantes considerados de “alto riesgo”.
Esta decisión no es barata, aseguran expertos y detractores de Trump por igual. Según datos de Reuters, cada deportado enviado a Guantánamo cuesta alrededor de 5,000 dólares, lo que implica un gasto multimillonario si se considera la cifra de migrantes que podrían ser enviados allí. Este movimiento ha generado críticas, no solo por los altos costos, sino por la preocupación sobre las condiciones en las que estarán los detenidos, dada la historia de violaciones de derechos humanos en esta base militar.
Guatemala y su papel en las deportaciones
En paralelo, Guatemala ha cerrado un acuerdo con EE.UU. para recibir a los inmigrantes deportados. Según informó AP, el gobierno de Bernardo Arévalo ha aceptado un incremento del 40% en los vuelos de deportación, lo que significa un aumento significativo en la cantidad de personas que llegarán a su territorio. Posteriormente, estos migrantes serán enviados a sus países de origen con costos cubiertos por el gobierno estadounidense.
El secretario de Estado, Marco Rubio, felicitó al gobierno guatemalteco por el compromiso que ha hecho con la administración Trump en el tema migratorio. “Este es un tema que nos afecta en todos los aspectos”, dijo. pic.twitter.com/0WyDE9sZ3H
— Voz de América (@VozdeAmerica) February 5, 2025
Sin embargo, este acuerdo no está exento de cuestionamientos, como explicábamos en párrafos anteriores. Guatemala, un país con problemas de pobreza y falta de infraestructura, ahora se enfrenta a la logística de recibir, procesar y enviar a miles de personas. La interrogante es clara: ¿Cómo se manejarán estos deportados y cuál será el impacto en las comunidades locales? ¿Hasta qué punto EE.UU. cubrirá los costos antes de que la carga recaiga sobre Guatemala?
.@SecRubio is in Guatemala to discuss the importance of ending illegal migration, to promote economic prosperity, and to highlight the importance of fighting transnational crime. Guatemala’s leadership and cooperation with the Trump Administration is essential. pic.twitter.com/FuA9KKrFNd
— Tammy Bruce (@statedeptspox) February 5, 2025
Temor en la economía: la crisis de la mano de obra
Uno de los efectos más inmediatos de estas deportaciones es el impacto en la economía estadounidense. La industria agrícola ya está sintiendo los efectos, ya que muchos trabajadores indocumentados han dejado de asistir a sus empleos por miedo a ser arrestados.
Un reporte de Miami Hurricane destaca que casi la mitad de los trabajadores del campo en EE.UU. son inmigrantes indocumentados, una realidad especialmente evidente en estados como Florida, donde la agricultura representa más de 100 mil millones de dólares en impacto económico.
Sin estos trabajadores, la producción de alimentos se reduciría drásticamente y los costos de los productos frescos podrían dispararse hasta en un 10%, según datos del Peterson Institute for International Economics.
Sin embargo, algo así se temió cuando el gobernador Ron DeSantis promulgó una Ley que – según sus criticos – amenazaba con sacar la mano de obra migratoria de los campos de cultivo en la Florida pero, eso nunca sucedió. O al menos, no se sintió.
Una de las promesas principales de Trump antes de regresar a la Casa Blanca fue reducir el costo de los bienes de consumo. En su campaña, el presidente insistió en que bajar los precios era una prioridad, pero ahora se enfrenta a la contradicción de que sus propias políticas migratorias podrían causar un alza en los precios de los alimentos; y la gente, por ahora, está viendo que ha aumentado el precio del cartón de huevos y el de la gasolina, aunque ninguna de las dos cosas tiene que ver con la mano de obra inmigrante.
Hay que darle confianza al mandatario y esperar los próximos meses.
Centros de detención desbordados
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también enfrenta una crisis operativa, aunque postee diariamente en X sus arrestos. Según reportes de Telemundo, los centros de detención han superado el 109% de su capacidad, lo que ha obligado a las autoridades a liberar a algunos migrantes bajo programas de monitoreo dentro del país. Actualmente, ICE mantiene bajo custodia a unos 42,000 migrantes, pese a que su capacidad oficial es de poco más de 38,500. Los datos de las detenciones en su página web, curiosamente, están solo actualizados hasta noviembre del pasado año.
Esta situación ha obligado a EE.UU. a considerar otras opciones, como el uso de la base de Guantánamo y acuerdos con países centroamericanos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿Es sostenible a largo plazo este modelo de detención y deportación masiva?
Los migrantes con I-220A: en el limbo legal
Dentro de esta ola de deportaciones también hay una gran incertidumbre para aquellos que ingresaron legalmente, pero permanecen en un limbo migratorio. Según Martí Noticias, miles de cubanos que llegaron a EE.UU. con el documento conocido como I-220A temen ser deportados sin que se evalúen sus casos de asilo. Aunque los abogados aseguran que estas personas no pueden ser deportadas hasta que sus solicitudes sean revisadas, la falta de claridad en la política migratoria ha sembrado el miedo en la comunidad cubana.
El caso de Oscar Casanella, un activista político cubano, es un ejemplo de esta incertidumbre. A pesar de haber presentado pruebas de persecución en Cuba, Casanella teme que una política de deportación masiva lo expulse sin considerar su situación particular. “Nos liberaron con el I-220A sin poder explicar nada”, relató.
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¿A dónde lleva esta política?
La administración Trump ha apostado por una política de deportaciones masivas, pero se teme que los costos económicos y humanos podrían ser mucho más altos de lo que se espera. Desde la incertidumbre en la economía y el alza en los precios de los alimentos, hasta la sobrecarga de los centros de detención y la presión sobre países como Guatemala, las consecuencias de esta estrategia podrían sentirse durante años, aunque hay que esperar que la mata de la corrupción dejada por Biden, ya sacudida, comience a dar sus frutos.
La pregunta que queda en el aire es si esta política logrará realmente reforzar la seguridad fronteriza y reducir la migración irregular, o si, por el contrario, terminará por desestabilizar a sectores clave de la economía y provocar una crisis humanitaria de gran magnitud. Por ahora, la incertidumbre crece y el costo de esta política sigue siendo una preocupación latente.
