El régimen cubano reiteró sus amenazas de devolver a prisión a las personas “beneficiadas” con el proceso de excarcelaciones anunciado el pasado 14 de enero, el cual concluyó este lunes.
A través del diario castrista Granma, el Partido Comunista de Cuba (PCC) detalló las condiciones que deben cumplir los excarcelados para mantener su libertad, advirtiendo que cualquier incumplimiento podría resultar en su reingreso al sistema penitenciario, un procedimiento que seria injusto porque los cubanos permanecían ingresados solo por temas políticos y de oposición al régimen.
Maricela Sosa Ravelo, vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, explicó en una entrevista con el vocero de la dictadura, Humberto López que los excarcelados están sujetos a un “periodo a prueba” durante el cual deben cumplir con una serie de obligaciones. Estas incluyen la incorporación al empleo o al estudio, el pago de responsabilidades civiles y el mantenimiento de un “comportamiento social adecuado”, acorde con las normas de convivencia socialista.
Sosa Ravelo enfatizó que los jueces de ejecución son los encargados de informar a los excarcelados sobre sus derechos, restricciones y obligaciones. Además, señaló que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, y de Educación, pueden proponer opciones de empleo o estudio, aunque los excarcelados también tienen la posibilidad de solicitar al tribunal la aprobación de otras alternativas laborales.
Sin embargo, la vicepresidenta del Tribunal Supremo advirtió que el incumplimiento de estas condiciones podría llevar a la revocación de la excarcelación anticipada, lo que resultaría en el regreso de los beneficiarios a prisión para cumplir el tiempo restante de sus condenas.
Entre las causas que podrían desencadenar esta medida se encuentran la falta de incorporación al empleo o al estudio sin justificación válida, así como la no comparecencia ante el juez de ejecución en las fechas establecidas.
Organizaciones de derechos humanos están criticado duramente este proceso. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, denunció que los excarcelados están sometidos a un “régimen carcelario domiciliario draconiano”, con limitaciones y abusos que violan sus derechos humanos. Larrondo afirmó que, de los 553 presos liberados, solo 229 eran considerados presos políticos, y algunos ya contaban con licencias extrapenales antes del proceso.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) calificó el proceso de excarcelaciones como “injusto e incompleto”, señalando que muchos de los liberados ya habían salido de prisión con anterioridad.
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Redacción Cubanos por el Mundo
