En un nuevo intento por proyectar una imagen de orden y justicia, el régimen cubano sentenció a un hombre a 10 años de cárcel por tratar de robar computadoras del hospital Ernesto Guevara, ubicado en Las Tunas.
El tribunal, en un proceso que aseguran cumplió con las formalidades legales, impuso además sanciones como la prohibición de salir del país, la pérdida del derecho al voto y la obligación de compensar económicamente a la institución afectada.
Sin embargo, este caso parece más un espejismo que una solución real ante la ola de delincuencia que azota la isla.

El delito, tipificado como robo con fuerza, ocurrió en el Departamento de Economía del hospital y los equipos en cuestión superaban los 487 mil pesos cubanos en valor.
La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular dictó la sentencia en la causa número 1 de 2025, y tanto el acusado como la Fiscalía pueden apelar mediante un recurso de casación.
Aunque el régimen insiste en que se respetaron las garantías del debido proceso, conforme a la Ley del Proceso Penal y la Constitución, la realidad apunta a que estas medidas son pura fachada.
La delincuencia en Las Tunas y toda Cuba crece sin freno, y este tipo de condenas “ejemplarizantes” busca desesperadamente convencer a la población de que existe justicia en el país.
Lejos de eso, los robos a ciudadanos e instituciones persisten impunes en la mayoría de los casos, evidenciando el colapso de un sistema incapaz de proteger a su gente.
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Mientras el régimen celebra estas sentencias como victorias, la verdadera historia es la de un pueblo desprotegido y una dictadura que usa la propaganda para tapar su fracaso.
La condena podrá cumplirse, pero el problema de fondo seguirá intacto: la criminalidad reina en las calles y los cubanos, abandonados a su suerte, saben que la justicia es solo un cuento mal contado.
Redacción de Cubanos por el Mundo