La ONG Prisoners Defenders reportó que, al finalizar marzo, Cuba mantenía 1.152 presos políticos y de conciencia en sus cárceles, según un informe reciente.
De este total, 706 personas permanecen en prisión, mientras que 446 enfrentan un régimen de reclusión domiciliaria, muchos obligados a realizar trabajos forzosos.
Entre los casos destacados, la organización señaló la situación crítica de Loreto Hernández García, líder yoruba encarcelado, quien sufre múltiples afecciones graves, incluyendo cardiopatía isquémica, hipertensión, polineuropatía diabética, asma crónica y desnutrición.
“En estos momentos, Loreto está presentando fuertes dolores en el pecho, crisis de hipertensión, sufre de fuertes taquicardias y se teme por su vida”, advirtió el informe.
En otro caso, Prisoners Defenders informó que Jaime Rodríguez Firdó, detenido durante las protestas del 11J y liberado condicionalmente el 18 de enero, volvió a prisión tras negarse a colaborar como informante de la Seguridad del Estado.
Asimismo, de los 1.152 presos políticos, 33 eran menores al momento de su detención —31 hombres y dos mujeres—, de los cuales 2” cumplen sentencia y cuatro enfrentan procesos penales sin garantías judiciales.
La organización resaltó que 473 presos, equivalentes al 67% de los encarcelados, padecen graves problemas de salud, y un 6% sufre trastornos mentales severos.
Las condiciones carcelarias agravan estas patologías debido al hacinamiento, la escasez de agua, el hambre y la falta de atención médica, lo que favorece brotes de enfermedades como tuberculosis, dengue y sarna.
Por otro lado, Prisoners Defenders cuestionó el proceso de excarcelaciones llevado a cabo entre el 14 de enero y el 10 de marzo, calificándolo de fraudulento.
Según su análisis, 323 de los 553 liberados eran delincuentes comunes presentados falsamente como presos políticos, y más del 85% de los 230 presos políticos excarcelados ya tenían derecho a un régimen abierto, pero fueron retenidos ilegalmente para negociar sus liberaciones.
De los prisioneros, 222 fueron acusados de sedición, en su mayoría por participar en protestas pacíficas, y 121 son mujeres.
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En todos los casos, la ONG denunció la ausencia de debido proceso, supervisión judicial o defensa efectiva, en clara violación del derecho internacional.
Durante marzo, ocho nuevos presos políticos ingresaron a las cárceles, tres de ellos en Villa Clara, condenados por el delito de “Propaganda contra el orden constitucional”, un tipo penal cada vez más utilizado por la dictadura.
Redacción de Cubanos por el Mundo
