La sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), ubicada en Santiago de Cuba y que también servía como vivienda del líder opositor José Daniel Ferrer, quedó completamente destruida tras un allanamiento policial ejecutado en la madrugada del lunes 29 de abril. Familiares denuncian que el allanamiento terminó con el arresto y desaparición forzada del disidente, así como con el saqueo de todo lo que había en el lugar.
A través de un video difundido por la organización, Gabriel Ferrer Sánchez, sobrino del activista, mostró las graves afectaciones dejadas por las fuerzas de seguridad del Estado.
“Se lo llevaron todo: comida, medicinas, dinero, teléfonos, electrodomésticos, lámparas, hasta las galletas de mi primo. Destrozaron todo”, relató mientras recorría las habitaciones de la UNPACU, donde se observaban muebles rotos, objetos esparcidos y agujeros en paredes y techos.
Esta vivienda funciona como un centro de ayuda humanitaria para personas necesitadas en la provincia y el régimen comunista se ha encargado a través de los años, de atacar esta sede donde se realizan labores humanitarias que no hace ni su propia dictadura.
Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa de Ferrer, y su hijo menor de edad también fueron detenidos durante el operativo, los sacaron a la fuerza alrededor de las seis de la mañana, sin permitirles asearse ni recoger sus pertenencias básicas. Sin embargo, horas después fueron liberados
“Nos trasladaron a una casa en Versalles bajo el pretexto de ‘protección infantil’. No fue una amenaza, dijeron, sino una advertencia. Pero en realidad fue un secuestro. A mi esposo se lo llevaron, y no sabemos nada de él”, denunció.
El régimen cubano justificó el allanamiento argumentando que Ferrer “incumplió los términos de su libertad condicional”. El Tribunal Supremo alegó que el opositor mantuvo una “conducta antisocial reiterada”, aunque familiares y defensores de derechos humanos aseguran que se trata de una represalia por su labor humanitaria.
Días antes, Ferrer había denunciado públicamente las trabas impuestas por las autoridades para ayudar a comunidades vulnerables.
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Redacción Cubanos por el Mundo
