En abril, el régimen cubano intensificó su violencia contra civiles, registrando 332 acciones represivas, desde detenciones arbitrarias hasta amenazas y multas, según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Villa Clara fueron los epicentros de estas agresiones, con mujeres como principales víctimas, representando el 54% de los casos.
Entre los incidentes más llamativos, la activista Ienelis Delgado Cué, conocida como “Mambisa Agramontina”, permanece detenida desde el 24 de abril por su labor con el OCDH.
Asimismo, las autoridades revocaron la libertad condicional de los opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, intensificando la persecución contra líderes disidentes.
La represión también alcanzó a presos políticos. José Gabriel Barrenechea, encarcelado sin juicio desde noviembre de 2024, no recibió autorización para visitar a su madre enferma, quien falleció días después de la negativa.
Las restricciones a la libertad religiosa marcaron otro punto crítico. En La Habana, una parroquia enfrentó la prohibición de realizar una procesión de Semana Santa, evidenciando un endurecimiento en las limitaciones a derechos fundamentales.
Las Damas de Blanco, lideradas por Berta Soler, sufrieron acoso constante, incluyendo impedimentos para asistir a misa y procesos penales contra Soler y su esposo, Ángel Moya.
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De las 332 acciones represivas, 91 fueron detenciones arbitrarias, mientras que 241 incluyeron citaciones, hostigamientos y sanciones económicas.
En ese sentido, el OCDH advierte que estas cifras reflejan un patrón sistemático de violaciones que podría agravarse si no se toman medidas internacionales para frenar los abusos.
En la isla comunista, el hecho de pensar diferente, o hacer uso del derecho a la libertad de expresión, es causa de un encarcelamiento injusto, y los números expuestos por el OCDH así lo evidencian.
Redacción de Cubanos por el Mundo