Un ex trabajador de una planta procesadora de carne en Algona, Iowa, fue declarado culpable el 8 de mayo de 2025 por su participación en una red de fraude que robó más de 2.4 millones de dólares al programa de ayuda federal Paycheck Protection Program (PPP), destinado a mitigar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19.
Se trata de Yovany Ciero, de 48 años, residente de Mason City, Iowa, y originario de, Puerto Padre en la provincia de Las Tunas, Cuba. Un jurado federal lo halló culpable de múltiples delitos, incluyendo tres cargos de fraude electrónico, 23 de lavado de dinero, un cargo por realizar transacciones con bienes producto de actividades ilícitas y conspiración para lavar dinero. El veredicto fue alcanzado tras apenas tres horas y media de deliberaciones.
Según la evidencia presentada, Ciero fue sargento del ejército cubano y cruzó la frontera desde México hace casi dos décadas, luego de que le negaran una visa para entrar a Estados Unidos. En 2020, cuando trabajaba en una planta cárnica en Iowa y comenzó la pandemia, lideró junto a más de 100 inmigrantes cubanos un esquema para obtener préstamos PPP fraudulentos, alegando falsamente ser trabajadores independientes con ingresos de hasta 100,000 dólares en 2019.
Ciero fue uno de los seis “organizadores” del esquema. Su rol era reclutar participantes, recolectar sus datos personales y transferir esta información a otros encargados de llenar las solicitudes falsas. Se presentaron más de 4 millones de dólares en solicitudes fraudulentas, y el gobierno perdió más de 2.4 millones por esta operación.
Además, tras recibir los fondos, que generalmente eran de $20,000 por persona, Ciero actuó como canal de lavado de dinero, cobrando $3,000 por cada préstamo a los involucrados. También solicitó dos préstamos fraudulentos para sí mismo y su pareja sentimental, usando ese dinero para comprar un camión de carga.
Ciero es el sexto ex trabajador de esta planta cárnica en ser condenado por este tipo de fraude. Ahora, espera la sentencia del juez Leonard T. Strand, que será programada luego de elaborar un informe previo. Ciero permanece en libertad bajo fianza, pero enfrenta hasta cadena perpetua, multas superiores a 10 millones de dólares y tres años de libertad supervisada tras cualquier condena de prisión.
El caso fue investigado por diversas agencias federales, incluyendo el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeños Negocios.
