La presa política Lizandra Góngora, condenada a 14 años por su participación pacífica en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, enfrenta maniobras de descrédito dentro de la cárcel Los Colonos, en la Isla de la Juventud, según denunció su esposo, Ángel Delgado.
Las autoridades penitenciarias, presuntamente instigadas por la policía política, estarían utilizando a otra reclusa para hostigar a la activista, en un intento de deslegitimar su lucha y agravar su situación.
Delgado, en conversación con Martí Noticias, señaló que Yasnay Casamayor Correa, una interna sentenciada por malversación, desempeña labores en la oficina policial de la prisión y ha acusado falsamente a Góngora de colaborar con la Seguridad del Estado.
Esta estrategia buscaría generar rechazo hacia la presa política entre las demás reclusas, según el testimonio del esposo. Él sostiene que estas acciones forman parte de un plan orquestado para tenderle una trampa a Góngora y prolongar su encierro.
La activista también enfrenta restricciones severas en sus comunicaciones. Las autoridades limitan sus llamadas telefónicas, incluso durante los horarios establecidos, lo que la aísla aún más de sus cinco hijos, tres de ellos menores.
A esto se suma la falta de atención médica adecuada: tras ser internada a mediados de 2024 por un fibroma uterino con hemorragias y dolores intensos, Góngora no ha recibido el seguimiento especializado que requiere.
En el ámbito judicial, Góngora fue sentenciada por falsos delitos de “sabotaje”, “robo con fuerza” y “desorden público” tras participar en las protestas de 2021.
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Su condena, la más severa impuesta a una mujer por esos eventos, la mantiene alejada de su familia.
Delgado insiste en que el acoso y las restricciones son tácticas deliberadas para quebrantar el espíritu de Góngora y desacreditar su condición de presa política.
Pese a todo, Lizandra Góngora sigue con la cabeza en alto dentro de la prisión, soportando todo tipo de maltrato, pero firme en sus ideales.
Redacción de Cubanos por el Mundo
