La saliente ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, hizo una denuncia que ha causado revuelo y que vincula a la dictadura de Cuba, en lo que podría ser un intento encubierto de exportar una sustancia controlada a la isla comunista bajo el pretexto de un supuesto fin humanitario.
Buitrago indicó que, recibió “presiones inusuales” por medio de llamadas, mensajes y abordajes en las calles, en las que le solicitaban que autorizara la exportación de cloruro de calcio dihidratado, una sustancia usada legalmente en la industria médica, pero que también es empleada ilícitamente en la fabricación de drogas, como la cocaína.
Esta solicitud para enviar esta sustancia controlada a Cuba fue impulsada por personas cercanas al gobierno de Colombia, y por la empresa Tecnosuma Internacional, sucursal colombiana de una firma del régimen castrista.
No obstante, tras esta denuncia de la exministra de Justicia de Colombia, son varias las interrogantes que se generan, ya que ¿por qué exportar esta sustancia a escondidas si el embargo de EE.UU. no restringe la exportación de medicamentos o productos médicos a Cuba? De hecho, existen mecanismos legales establecidos para esas transacciones.
Esta situación hace presumir que se buscaba ocultar algo con el envío de cloruro de calcio a Cuba, tomando en cuenta que en la actualidad, la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad azotan a la isla, pero las drogas, especialmente una denominada “El Kimiko” que es altamente adictiva y destructiva, abunda en las calles de la isla.
Y precisamente ese cloruro de calcio podría estar siendo desviado como precursor en la elaboración de esta droga que ya causa estragos entre los jóvenes cubanos, a quienes la dictadura prefiere distraídos y drogados, que exigiendo sus derechos en las calles.
La conexión cubana
Sobre Tecnosuma, la empresa detrás del trámite, se sabe que fue fundada en Colombia en 1996 por médicos cubanos cercanos al régimen. Su objeto social incluye la comercialización de productos médicos, pero también la compra y venta de patentes y activos.
Según la ministra, fue la senadora Gloria Flórez (Pacto Histórico) quien la interceptó para hablarle del tema, y más tarde llegó un mensaje reenviado desde el DAPRE (Departamento Administrativo de la Presidencia) por Angie Rodríguez, con un mensaje de la senadora Isabel Cristina Zuleta, insistiendo en la urgencia de la exportación de cloruro de calcio.
Zuleta asegura que solo hizo una “súplica humanitaria”. Sin embargo, lo preocupante es que el mensaje también menciona que la empresa evita enviar directamente a Cuba por “temor a las sanciones del bloqueo”, lo cual no tiene sustento legal, ya que el embargo contempla excepciones claras para productos médicos.
¿Medicinas o precursores químicos?
El intento de justificar la exportación como un acto humanitario para “salvar vidas” contrasta con el secretismo y las maniobras políticas involucradas. Si todo era legal y transparente, ¿por qué se buscaba una “excepción a la norma”? ¿Por qué involucrar congresistas, chats privados y abordajes callejeros? ¿Por qué una firma con nexos al régimen cubano?

Y sobre todo: si en Cuba no hay insumos básicos, ¿por qué este compuesto químico era prioritario? ¿Acaso se trataba realmente de una operación médica o de una maniobra para abastecer el mercado ilegal del Kimiko?
Sin duda se puede presumir que en, esta trama denunciada por la exministra de Justicia de Colombia sobre la exportación de cloruro de calcio, hay algo más turbio que una simple ayuda humanitaria.
Es urgente que las autoridades investiguen a fondo, porque lo que está en juego no es solo la legalidad de una exportación, sino la complicidad política en el desvío de sustancias que podrían estar alimentando el narcotráfico dentro de Cuba.
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Redacción Cubanos por el Mundo