El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a la “izquierda radical” como la responsable de instigar y financiar las protestas violentas que han sacudido Los Ángeles durante los últimos días, en respuesta a una serie de operativos migratorios realizados por las autoridades federales.
Las protestas, que comenzaron el viernes 6 de junio tras redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que resultaron en la detención de al menos 44 personas, han escalado en intensidad.
Manifestantes han tomado las calles de Los Ángeles con actos vandálicos, bloqueando autopistas y enfrentándose a las fuerzas del orden, lo que llevó al presidente Trump a firmar un memorando para desplegar a 2 mil efectivos de la Guardia Nacional el sábado por la noche con el fin de controlar la situación.
“Estas protestas de la Izquierda Radical, por instigadores y a menudo alborotadores pagados, no serán toleradas. Además, a partir de ahora, no se permitirá el uso de máscaras en las protestas. ¿Qué tiene que ocultar esta gente y por qué? Una vez más, ¡gracias a la Guardia Nacional por un trabajo bien hecho!”, escribió el líder republicano en su cuenta de Truth Social sobre los enfrentamientos registrados en varias zonas de Los Ángeles.

Según un comunicado de la Casa Blanca, la medida busca “atajar la anarquía que se ha permitido en Los Ángeles”, atribuyendo los disturbios a grupos de izquierda radical.
En un mensaje publicado en la red social X, Trump afirmó: “Tenemos algunas personas muy malas. Lunáticos de izquierda radical. Creo que esto debería ser manejado fácilmente por la Guardia Nacional, o, si es realmente necesario, por el ejército, porque no podemos permitir que esto ocurra”.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han rechazado la intervención de la Guardia Nacional, argumentando que no fue solicitada y que podría exacerbar las tensiones.
Newsom calificó la decisión de Trump como una “violación grave de la soberanía estatal” y anunció que presentará una demanda contra la administración federal por no seguir el protocolo establecido para el despliegue de tropas.
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Redacción Cubanos por el Mundo
 
             
                 
                             
                             
                             
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                