La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó por unanimidad la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, ratificando una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La decisión, tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los recursos presentados por la defensa de Fernández, consolidando el fallo emitido en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N°2 y ratificado en noviembre de 2024 por la Cámara Federal de Casación Penal.
El caso Vialidad se centra en irregularidades en la adjudicación de 51 contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
Según la sentencia, Fernández tuvo un “rol central” en una “maquinaria de corrupción” que favoreció al empresario Lázaro Báez, amigo cercano de los Kirchner, quien recibió cerca del 85% de los contratos viales en la provincia, muchos de los cuales presentaron sobrecostos o no fueron completados.
La justicia destacó que Cristina Fernández ignoró advertencias legales al firmar decretos, como el 54/2009, que facilitaron estas maniobras, y se encontraron evidencias de coordinación con Báez y otros funcionarios, como mensajes de WhatsApp que aludían a un “Plan limpiar todo” para ocultar pruebas al final de su mandato.
La condena también alcanza a otros implicados, como Lázaro Báez y José López, ambos sentenciados a seis años de prisión, mientras que Julio De Vido, exministro de Planificación, fue absuelto.
Dado que Fernández tiene 72 años, la legislación argentina le permite solicitar prisión domiciliaria en caso de que la condena se ejecute. Sin embargo, el fallo implica que no podrá presentarse como candidata en las elecciones legislativas de 2025.
Por su parte, el presidente de Argentina Javier Milei celebró la decisión, destacándola como un paso contra la corrupción, mientras que en marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a Fernández y De Vido, prohibiéndoles la entrada a ese país por su implicación en casos de corrupción.
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