Antonio y Maribel Espaillat fueron arrestados este jueves en República Dominicana, señalados como responsables de una de las tragedias más mortales registradas en el país, luego del colapso del techo de la discoteca Jet Set durante una presentación musical el pasado 8 de abril.
El desplome, ocurrido en plena madrugada y con más de 500 asistentes en el lugar, provocó la muerte de 236 personas, entre ellas varias figuras reconocidas.
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Los propietarios del establecimiento quedaron bajo custodia tras presentarse de forma voluntaria ante la Procuraduría General de la República. La fiscalía los imputó por homicidio involuntario, basándose en un informe técnico que atribuye el accidente a una grave negligencia.
El documento, elaborado por una comisión especializada y entregado recientemente a las autoridades, concluyó que hubo falta de acción para corregir las condiciones estructurales del techo, a pesar de que el deterioro ya era evidente.
De acuerdo con las autoridades, la tragedia se produjo por el peso excesivo que soportaba la losa del techo, sobre el que se encontraban instalados equipos como plantas eléctricas y aires acondicionados de gran tamaño.
Cabe recordar que, durante el evento, falleció el reconocido merenguero Rubby Pérez, quien encabezaba la cartelera esa noche, así como el expelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel y la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz.
Otras 221 personas perdieron la vida en el lugar, y las restantes murieron mientras recibían atención médica.
En total, 189 individuos fueron rescatados con vida tras intensas labores de emergencia que se extendieron por más de dos días.
Jet Set operaba desde hacía más de medio siglo, aunque el inmueble que ocupaba —originalmente un cine construido en 1994— fue transformado con el tiempo sin una fiscalización adecuada por parte de las autoridades correspondientes.
Las muertes desataron una ola de indignación colectiva y llevaron a decenas de personas a interponer demandas civiles contra la familia Espaillat, propietaria también de un conglomerado de medios y un restaurante.
En medio de la controversia, el abogado defensor, Miguel Valerio, aseguró que sus representados están en plena disposición de colaborar con el proceso.
Mientras tanto, el Ministerio Público tiene un plazo legal de 48 horas para decidir si presentará cargos formales contra los imputados.
Redacción de Cubanos por el Mundo
