En Argentina, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron a la Cámara Federal de Casación Penal que se revoque el arresto domiciliario de Cristina Fernández de Kirchner y se ordene su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
La medida fue impulsada tras un informe de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que alertó sobre múltiples fallas en las condiciones de custodia del departamento donde la expresidenta cumple su condena, ubicado en la calle San José 1111 del barrio Constitución.
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La solicitud fue elevada a la Sala IV, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes deberán pronunciarse no solo sobre este pedido, sino también sobre otras apelaciones vinculadas al caso.
La fiscalía enfatizó que la prisión debe cumplirse en instalaciones penitenciarias, tal como lo establece la legislación vigente.
“Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”, expresaron en el escrito.
Entre los elementos presentados por la acusación, se adjuntaron imágenes que evidencian concentraciones frecuentes de personas frente al edificio de Cristina Fernández de Kirchner, incluyendo militantes sobre terrazas y balcones, lo que generó conflictos con los residentes de la zona.
También se registraron bloqueos a servicios esenciales como el paso de ambulancias y la recolección de residuos, sumado a denuncias por ruidos molestos.
La fiscalía cuestionó el criterio del Tribunal Oral Federal N°2, que le concedió a la expresidenta de esa nación la prisión domiciliaria, y comparó su situación con la de los otros ocho condenados en el mismo proceso, quienes ya fueron alojados en diferentes establecimientos penitenciarios.
“Concretamente, es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que cumpla intramuros la pena que se le impuso. Su situación (…) no difiere en nada de la de los otros ocho condenados en este proceso”, remarcaron Luciani y Mola.
Además, los fiscales argumentaron que la edad de la exmandataria, de 72 años, no constituye un factor determinante para mantener el arresto domiciliario, ya que se trata de una potestad judicial y no de un requisito obligatorio.
También subrayaron que no se ha acreditado que las condiciones en las cárceles representen un trato inhumano.
Como alternativa, en caso de que el tribunal rechace el traslado a prisión común, la fiscalía exigió que se designe de inmediato un nuevo domicilio para que cumpla la prisión domiciliaria, en un entorno que garantice mayores condiciones de seguridad.
La decisión ahora recae en la Sala IV, que deberá definir si Cristina Fernández de Kirchner sigue en su departamento o si pasa a cumplir su condena en un penal federal.
Redacción de Cubanos por el Mundo
