Yan Carlos González González, preso político de 45 años, murió este lunes en el Hospital Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara, como resultado de una prolongada huelga de hambre iniciada en protesta por lo que consideraba un juicio sin fundamentos.
Durante 51 días, rechazó cualquier tipo de alimentación, incluso sueros, y su salud se deterioró progresivamente hasta provocar su fallecimiento.
El recluso fue trasladado desde la cárcel La Pendiente al centro médico penitenciario de Guamajal, y posteriormente, hace ocho días, ingresó al Hospital Arnaldo Milián con una deshidratación crítica y daños severos en sus riñones.

Según declaraciones recogidas por Martí Noticias, su diagnóstico incluyó neumonía avanzada, fallo renal y sangrado hepático, razón por la cual fue ingresado directamente en terapia intensiva.
El caso de este preso político generó preocupación por las condiciones de su detención y el proceso penal que enfrentó. Fue acusado del incendio de campos de caña el 16 de mayo de 2024 en el Complejo Agroindustrial George Washington, cercano al poblado de Santo Domingo, sin que se presentaran pruebas ni testigos.
El Tribunal Provincial de Villa Clara lo condenó a 20 años de prisión por sabotaje y daños al patrimonio cultural y natural.
“Él comenzó desde el 4 de abril a disminuir los alimentos. Estaba preso en La Pendiente y ya desde el 17 de mayo, cuando hizo un año de que estaba preso, dejó de comer completamente”, relató Elena Pérez Uz, su esposa, en conversación con el medio citado.
Afirmó además que su negativa a recibir tratamiento médico se debió a su convicción de que el proceso fue una farsa: “Nunca pudo recuperarse. Nunca admitió que le pusieran suero porque siempre dijo que con él se estaba cometiendo una injusticia”.
Durante su encarcelamiento, el sistema penal intentó convencerlo de abandonar la huelga, incluso permitiendo visitas de su hija, su tío, su abuela, según confirmó Yailí Díaz. Sin embargo, el preso político intensificó su protesta, llegando a coserse la boca y los ojos durante dos días.
La versión oficial del tribunal indicó que González “concibió la idea de destruir cosechas de caña […] destinadas a la producción de azúcar para la canasta básica”, acusándolo de atentar contra una actividad prioritaria para el país.
Sin embargo, Elena Pérez Uz aseguró que el juicio careció de fundamentos: “La policía nunca llevó el testigo al juicio, no hubo una huella de olor […] No presentaron pruebas, solo la presunción”.
La familia denunció que, pese a que otros incidentes como la rotura de un obelisco ocurrieron tras su arresto, a González igualmente se le atribuyó responsabilidad. “Los apagones continuaron y siguieron sucediendo hechos, aunque él estaba preso”, afirmó su esposa.
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Yan Carlos González murió convencido de que su encarcelamiento respondía a motivos políticos más que judiciales, y pasó a formar parte de esa lista de personas que pierden la vida en manos del régimen criminal que se encarga solo de reprimir a inocentes, mientras los verdaderos criminales actúan con total impunidad.
Redacción de Cubanos por el Mundo