Los cubanos que viven legalmente en Estados Unidos y deciden viajar a Cuba se enfrentan a dos grandes riesgos: por un lado, podría retenerlos el régimen en la Isla, y por otro, podrían perder su estatus migratorio al volver a EE.UU.
En una entrevista transmitida por Facebook, el periodista Mario Pentón conversó con el abogado Ismael Labrador, del bufete Gallardo Law Firm.
Una cubana contó que su esposo, con residencia legal en EE.UU., viajó a Cuba en julio con boleto de regreso el dos de agosto, pero las autoridades migratorias le informaron que tenía una “prohibición de viaje”, dejándolo atrapado sin explicación legal.
Este no es un caso aislado. En 2020, Lidier Hernández Sotolongo, residente en Uruguay, fue bloqueado en el aeropuerto al intentar salir después de visitar familiares, y pasó ocho meses varado. Aunque participó en una protesta contra el régimen cubano, su imposición fue calificada de ilegal pero esperada. En el caso actual, la esposa asegura que el hombre impedido de salir “nunca ha tenido nada que ver con el Gobierno”.
Otro cubano residente en EE.UU. —un médico— fue “regulado” al intentar regresar, lo que significa que las autoridades cubanas le impidieron salir. Algunos de estos casos demoran meses en resolverse, y los afectados pierden empleos e incluso su estatus migratorio.
Pero el peligro no termina en Cuba. Al regresar a Estados Unidos, los residentes legales pueden ser sometidos a interrogatorios. Labrador advierte sobre el riesgo de viajar frecuentemente a Cuba cuando se obtuvo la residencia invocando miedo a regresar, como suele ocurrir con casos de asilo bajo la Ley de Ajuste Cubano. El Gobierno de EE.UU. vigila este tipo de viajes “con una lupa bien grande” como posible fraude.
A pesar de ello, solo un juez puede revocar la residencia permanente. Los agentes de Aduanas pueden retenerla temporalmente y remitir el caso a un juez, pero no cancelar directamente la Green Card.
Además, USCIS ha reforzado los criterios para las entrevistas de asilados y refugiados que solicitan ajuste de estatus mediante el Formulario I‑485. La medida, ya en vigor, busca detectar fraudes o amenazas a la seguridad nacional y afecta especialmente a personas que provengan o residan en países considerados patrocinadores del terrorismo, como Cuba.
Por otro lado, el Departamento de Estado lanzará un programa piloto (a partir del 20 de agosto) para cobrar fianzas elevadas —de $5,000 a $15,000— a solicitantes de visas de turismo o negocios procedentes de países con alta tasa de estadías ilegales en EE.UU., aunque se exceptúan los del Visa Waiver Program. Las fianzas se devolverán si el visitante sale dentro del tiempo autorizado por su visado.
También, desde octubre se cobrará una tarifa de “integridad de visa” de $250 a quienes obtuvieron visado de no inmigrante, reembolsable si cumplen con las condiciones de retorno.
Redacción Cubanos por el Mundo
