La reciente detención de Ángel Cuza generó una ola de indignación desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), la que catalogó como una medida arbitraria, desprovista de respaldo legal y cargada de motivaciones políticas.
Según la organización, el arresto responde a una estrategia represiva para castigar la labor activista y el periodismo independiente que Cuza viene ejerciendo desde hace años.
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Cabe recordar que el motivo de la acusación contra Ángel Cuza fue la tenencia de un casquillo de bala vacío, utilizado como objeto decorativo o souvenir, sin que existieran armas, amenazas, ni intención alguna de cometer actos violentos.
“El argumento para la detención es la tenencia de un casquillo de bala vacío. Sin embargo, el Código Penal cubano (Ley No. 151/2022) exige elementos materiales y una intención clara para tipificar delitos contra la seguridad del Estado, como el terrorismo o la posesión ilícita de armas”, argumentó el OCDH.
La fuente advirtió que esta actuación de las autoridades viola el principio de legalidad penal, el cual obliga a que toda conducta delictiva esté claramente definida por la ley, sin cabida a interpretaciones extensivas o forzadas.
“La mera posesión de un objeto inerte, sin ningún contexto delictivo, no puede ser criminalizada”, sostuvo la entidad.
Además, el Observatorio recalcó que no es la primera vez que Ángel Cuza sufre persecución por sus actividades pacíficas y su participación en el debate público. Esta nueva privación de libertad, según denunció el organismo, responde a un patrón más amplio utilizado por el régimen para silenciar voces críticas bajo pretextos penales.
Para nadie es un secreto que, en la isla comunista, la dictadura aplica su propia “ley” cuando más le conviene, con tal de silenciar a todos aquellos que hablan de la cruda realidad del país.
Redacción de Cubanos por el Mundo
