Cuba experimentó en julio de 2025 un pico represivo contra las libertades informativas y de opinión, registrando 203 agresiones documentadas, la cifra más elevada de los últimos tres años.
Este incremento, que representa un aumento del 23% en comparación con junio, se produce en un contexto de creciente malestar social debido a la severa crisis económica que atraviesa el país, marcada por apagones constantes, desabastecimiento e inflación, todo ello culpa del régimen castrista.
La información proviene de un reciente informe del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), que monitorea mensualmente la situación de estos derechos fundamentales.
Según el análisis, las acciones represivas no son casuales, sino que responden a una estrategia estatal coordinada por la Seguridad del Estado y ejecutada con el apoyo de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y los sistemas judicial y penitenciario.
Las tácticas más frecuentes fueron las detenciones arbitrarias, con 92 casos, y las amenazas o agresiones psicológicas, que sumaron 80 incidentes.
Dos eventos clave en julio concentraron la ofensiva de la dictadura. El primero fue un operativo para bloquear la asistencia de periodistas y activistas a la recepción por el Día de la Independencia de Estados Unidos en La Habana. El segundo fue un despliegue represivo durante el cuarto aniversario de las protestas del 11J, que afectó a más de 40 personas, entre ellas 14 comunicadores como Camila Acosta, Yunia Figueredo, Jorge Fernández Era y Ángel Cuza.
La represión se extendió por trece provincias de Cuba, aunque La Habana fue el epicentro con 96 violaciones contra 90 víctimas. El perfil de los afectados es diverso, incluyendo 28 activistas, 18 periodistas, 14 opositores, así como presos y expresos políticos, artistas y ciudadanos sin afiliación política.
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Además, el ICLEP denunció el uso de procesos judiciales con peticiones fiscales desproporcionadas contra manifestantes que protestaban por los apagones y represalias contra reclusos políticos como el rapero Maykel Osorbo.
“Nuestro informe de julio demuestra, una vez más, que, si los patrones estadísticos se mantienen, 2025 podría cerrar con más de 1000 violaciones”, afirmó Normando Hernández, coordinador general del ICLEP, en conversación con Martí Noticias.
Para nadie es un secreto que, en Cuba, exponer la cruda realidad representa un “delito” para el régimen, mientras que los que asesinan, roban y violan, caminan a sus anchas como si nada.
Redacción de Cubanos por el Mundo
