Un total de 168 acciones represivas se ejecutaron contra la población civil en Cuba a lo largo del mes de agosto, en una clara ofensiva del régimen para sofocar las libertades fundamentales.
De este cómputo, 13 correspondieron a arrestos discrecionales y los 155 restantes abarcaron una diversa gama de abusos de poder.
La denuncia proviene de un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), donde señala que las provincias de La Habana y Camagüey se destacaron como los territorios con la mayor incidencia de este tipo de eventos coercitivos durante dicho periodo.
Entre las tácticas de intimidación más recurrentes figuraron el asedio a las viviendas de opositores, así como el hostigamiento constante, las amenazas y las citaciones policiales sin fundamento legal.
En consecuencia, el organismo reportó la recepción de 56 quejas formales directamente de presos políticos, reclusos comunes y sus familiares, quienes manifestaron ser víctimas de violaciones a sus derechos.
Dentro de las privaciones ilegítimas de libertad, se documentaron casos específicos como el del periodista Reinaldo Escobar, quien permaneció retenido en una comisaría durante casi dos horas. Asimismo, Yamilka Lafita fue detenida por tres horas dentro de un vehículo policial en La Habana, donde un agente de la Seguridad del Estado la increpó.
Por otro lado, el arresto de Adriano Castañeda Meneses, miembro del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), el pasado 20 de agosto en Sancti Spíritus, tuvo como objetivo impedir su presencia en el juicio de un preso político.
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Paralelamente, una estrategia de asedio domiciliario se aplicó sobre reconocidos activistas para limitar su movilidad y su capacidad de acción. Entre los afectados por esta medida se encontraron el Dr. Oscar Elías Biscet junto a Elsa Morejón; la dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler, y Ángel Moya; además de Wilber Aguilar, padre del detenido Walnier Luis Aguilar, y el opositor Manuel Cuesta Morúa.
Finalmente, el observatorio señaló que la cifra de acciones represivas asciende a 2.250 desde el inicio del año, lo que evidencia un patrón continuo y deliberado para restringir el ejercicio de los derechos civiles en la isla.
Redacción de Cubanos por el Mundo
