La indignación y el temor se apoderan nuevamente de los ciudadanos de Santiago de Cuba después de que Enrique, un conocido delincuente con un largo historial de asaltos, fuera puesto en libertad a escasos días de su última captura.
Su presencia en las calles no solo desafía a las víctimas, sino que también evidencia una alarmante inacción por parte de las autoridades, quienes lo devolvieron a la comunidad a pesar de su comprobada trayectoria.
La noticia, difundida por el comunicador Yosmany Mayeta Labrada, confirma que el individuo ya se encuentra de nuevo en su zona de residencia, cerca del Hospital Oncológico “Conrado Benítez”.
Este hecho generó una ola de repudio, ya que Enrique es notoriamente conocido por sus actividades delictivas, centradas en el robo con violencia en áreas de alta concurrencia como la Avenida Garzón y la terminal de la Calle 4, apodada “Última Llamada”.
La percepción de impunidad crece entre los residentes, quienes ven cómo el sistema judicial parece proteger más a los agresores que a la gente honrada.
Los antecedentes de Enrique son graves y específicos. No hace mucho, una estudiante de medicina y otros transeúntes fueron despojados de sus pertenencias bajo amenaza de arma blanca en uno de sus habituales puntos de operación. Su liberación, por lo tanto, no se percibe como un acto de justicia, sino como una concesión irresponsable que pone en riesgo directo a la población.
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Esta situación se enmarca en un contexto de creciente inseguridad en la isla, donde la ciudadanía se siente desprotegida. La liberación de delincuentes como Enrique envía un mensaje desalentador: el esfuerzo de los ciudadanos por capturar a los malhechores es en vano.
Este patrón fomenta un sistema donde el régimen castrista tolera la delincuencia común, mientras aplica todo el peso de su “ley” sobre quienes no cometen delito alguno más allá de expresar sus opiniones.
Redacción de Cubanos por el Mundo
