Septiembre en Cuba culminó con un saldo de 212 acciones represivas dirigidas contra la población civil, una cifra que evidencia la continua presión sobre las libertades ciudadanas en la isla.
La información fue difundida este martes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización que documenta y denuncia las violaciones a los derechos fundamentales en el país.
Del total de incidentes, 39 correspondieron a detenciones arbitrarias de diversa índole, mientras que 173 se catalogaron como otros tipos de abusos que abarcaron desde el hostigamiento hasta amenazas directas.
Por consiguiente, las provincias de La Habana, Holguín y Granma se destacaron como los territorios con mayor concentración de estos sucesos.
La entidad calificó el período como “un mes negro para la libertad de expresión”, aludiendo directamente a las severas condenas y juicios que buscarían, según sus palabras, “infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico”.
Como ejemplo, el OCDH recordó las sentencias contra Ana Ibis Trista Padilla y Jarol Varona Agüero, quienes recibieron 14 y 13 años de prisión, respectivamente, por cargos como “propaganda contra el orden constitucional”, simplemente por compartir en redes sociales la convocatoria a una manifestación pacífica que nunca se materializó.
De hecho, la manifestación ciudadana se convirtió en un foco central de la intimidación castrista. Un claro ejemplo ocurrió el 13 de septiembre en Gibara, Holguín, donde las protestas al grito de “¡Corriente y comida!” derivaron en 27 arrestos de corta duración.
En esa misma línea, un tribunal en Bayamo impuso penas de entre tres y nueve años de cárcel a 15 ciudadanos por su participación en las movilizaciones del pasado 17 de marzo del año pasado, bajo imputaciones de “desórdenes públicos” y “desacato”.
Además de las detenciones, se reportaron otras formas de hostigamiento como sitios a viviendas de activistas y juicios sin garantías procesales. Dentro de este contexto, se contabilizaron 38 denuncias provenientes de presos políticos, reclusos comunes y sus familiares, quienes alertaron sobre abusos tras las rejas.
Estas cifras elevan el total anual, desde enero, a 2.462 acciones represivas destinadas a limitar derechos civiles y políticos, de las cuales 461 fueron detenciones arbitrarias.
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A su vez, el proceso judicial contra el intelectual José Gabriel Barrenechea Chávez, injustamente detenido desde noviembre de 2024, continúa su curso.
Este patrón de judicialización de la disidencia y la protesta social evidencia un endurecimiento en la represión orquestada por la dictadura, transformando el ejercicio de derechos fundamentales, como la expresión en línea o la reunión pacífica, en actos severamente castigados de forma injusta.
Redacción de Cubanos por el Mundo
