El Tribunal Municipal Popular de Pinar del Río ratificó la sentencia de cuatro años de prisión contra el activista y preso político Manuel de Jesús Rodríguez García, por el delito de “atentado”.
Esta nueva condena se produce tras una protesta pacífica que Rodríguez García y otros reclusos llevaron a cabo durante la visita familiar del 8 de febrero en la Prisión Provincial Kilo 5 ½. Los internos denunciaron ante las autoridades las “condiciones inaceptables” del centro penitenciario, entre las que destacaban la falta persistente de agua y electricidad.
Según relató la madre del preso político, Nilda García Fleitas al diario independiente Cubanet, al finalizar la visita ese mismo día, su hijo recibió los víveres que le llevaba su familia completamente destruidos, fue golpeado y amenazado con ser procesado nuevamente, lo que finalmente se concretó con esta nueva sentencia.
La ratificación de la condena impide que Rodríguez García, de 35 años, recupere su libertad justo cuando había cumplido la sanción anterior de ocho años. Ante esta situación, el activista inició una protesta desesperada. Según el testimonio del también preso político Yasser Fernando Rodríguez González, recluido en el mismo centro, Rodríguez García se cosió la boca y se hirió los brazos como acto de denuncia.
Al conocer la autoagresión de su hijo a través de otros reclusos, Nilda García Fleitas se presentó en el Combinado de Sandino, donde ahora está recluido, los días 25 y 26 de octubre. En ambas ocasiones, las autoridades le impidieron verlo y no le proporcionaron información alguna sobre su estado de salud.
No fue hasta el lunes 27 de octubre que logró entrevistarse con el director de la prisión, el teniente coronel Euclides Reloba Baños. Este le informó que su hijo se había cosido la boca por segunda vez después de que los guardias le descosieran la primera, y que, para evitar nuevas autoagresiones, lo habían mantenido esposado durante varias horas. El militar añadió que Rodríguez García había sido trasladado a un destacamento bajo vigilancia especial y que se le había suspendido el derecho a las llamadas telefónicas.
“A pesar de haber hablado con el uniformado, no pudo comprobar el estado físico de su hijo, pues no le permitieron verlo”, precisó la fuente.
Manuel de Jesús Rodríguez García, un campesino natural del municipio Consolación del Sur, se encuentra encarcelado desde el 3 de agosto de 2016. En esa fecha fue condenado a ocho años de privación de libertad por delitos como “atentado”, “desacato”, “alteración del orden”, “difamación de los héroes y mártires” y “ultraje sexual”. Sus familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron reiteradamente que estos cargos fueron fabricados en represalia por su activismo dentro del movimiento opositor Alianza Democrática Pinareña.
La gravedad de su caso traspasó fronteras en octubre de 2021, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a su favor, al considerar que se encontraba “en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La reciente ratificación de la condena y las protestas del activista agravan aún más la preocupación internacional sobre su integridad física y mental.
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Redacción Cubanos por el Mundo
