Entre quienes intervienen en el hilo en la publicación de Ian Padrón, hay posiciones diversas: algunos advierten contra el uso de fuentes anónimas y el riesgo de convertir las redes en paredón sin garantías; otros insisten en que la defensa cerrada de cuadros del Ministerio de Cultura en un país donde la corrupción y la represión cultural han sido documentadas durante décadas, resulta insostenible.
Un comentario público del realizador cubano Ian Padrón publicado la pasada semana volvió a encender este fin de semana el debate sobre el Ministerio de Cultura, sus funcionarios y los límites entre el “brete” y la denuncia fundamentada. La discusión no surgió de la nada: fue la respuesta directa de Padrón a una publicación del tenor Ulises Aquino, que había salido en defensa de varios dirigentes culturales mencionados en una filtración anónima sobre presunta corrupción en el MINCULT.
En su post, dirigido “al respetado y estimado Aquino”, Ian Padrón recuerda que varios de los funcionarios que el cantante presenta como personas honorables son los mismos que han censurado “sistemáticamente” a creadores cubanos en nombre de gobiernos “ilegítimos”.
Señala, en particular, el rol que habrían tenido algunos de ellos en la coordinación con la policía la noche del 27 de enero de 2021 frente al Ministerio de Cultura, episodio conocido como “el Telefonazo”, cuando manifestantes pacíficos fueron sacados a la fuerza y conducidos a estaciones de policía. Como recordaremos, el propio Ministro de Cultura le dio un manotazo al periodista independiente Mauricio Mendoza, y acto seguido su secuaz cultural, Fernando León Jacomino propinó golpes y empujones a otros de los presentes. De inmediato la policía política salió de su escondite, y los jóvenes que estaban frente al Ministerio, exigiendo hablar con el Ministro, fueron reducidos por la fuerza, detenidos y metidos dentro de un ómnibus, para luego ser llevados a la estación de policía.
Padrón trae también su propia experiencia como ejemplo de ese historial. Menciona la censura de su documental Fuera de Liga y recuerda que fue agredido “a golpes” en el lobby del ICAIC. Señala que el propio Aquino intervino entonces para evitar otro altercado físico entre un funcionario cultural y un realizador que se defendía de la censura. A partir de ahí, el director sostiene que la lista de atropellos es “interminable” y califica de “poco honestos” a quienes, desde esos cargos, han actuado contra la libertad de creación.
El post también vincula la actuación de estos cuadros con la salida del país o la renuncia de numerosos profesionales. Como ejemplo reciente, alude al crítico Antonio Masón Rumbau, que dejó el ICAIC, y afirma que muchos han tenido que irse “por causa directa” de algunos de los dirigentes defendidos por Aquino. Para Padrón, si estos funcionarios quisieran hablar de honestidad, deberían empezar por reconocer censuras, abusos de poder propios y de sus antecesores. “Que yo sepa eso no ha pasado ni parece vaya a pasar”, escribe.
La respuesta de Ulises Aquino no tardó. En los comentarios, el cantante insiste en que su post original no trataba sobre censura, sino sobre la necesidad de no difundir acusaciones de corrupción basadas en fuentes anónimas sin pruebas. Asegura que fue de los primeros en criticar públicamente el manotazo del ministro Alpidio Alonso a un periodista y que también ha cuestionado a Fernando Rojas, pero defiende el principio de no “calumniar” ni “hacer rodar una mentira” sin evidencias verificadas.
“Las redes sociales no son Tribunales”, subraya.
Ese matiz de Aquino no convenció a todos. Varias voces le respondieron que los funcionarios que defiende “a ultranza” tienen un historial de censuras y abusos conocido por buena parte del gremio, y que antes de salir en su defensa debería escuchar a quienes han sido afectados por sus decisiones. Otros comentaristas van más allá y recuerdan episodios concretos, como el escándalo que rodeó la destitución del exministro Julián González Toledo por el desvío de maderas destinadas al Gran Teatro de La Habana hacia la reparación de su vivienda, incidente que, aseguran, “lo supo todo el mundo”.
“Sí hombre, de repente el Ministerio de Cultura es un redil de buenas personas que solo por descuido, han despreciado artistas, censurado espectáculos, prohibido presentaciones y contribuído a reprimir el disenso..”, señaló la internauta identificada como Yohan Ka.
Ines Casal, madre del diseñador y activista Julio Llópiz Casal, uno de los agredidos el 27 de enero del 2021, señaló por su parte que ella no se atrevería “a ser tan absoluta en la defensa de algunos “personajes” de la Cultura Cubana (ni de ningún otro sector), en un país en donde la corrupción está tan arraigada.”
“Con todo respeto, dijo, algunos de los mencionados en la apasionada defensa del Sr. Ulises Aquino debían -deben- ser juzgados alguna vez por muchas otras barbaridades que han cometido -y cometen- contra los artistas cubanos, por el simple hecho de no estar de acuerdo con medidas y leyes represivas o, simplemente, por querer manifestar honestamente sus opiniones. Si han cometido esos actos punibles de los que se le acusan, nunca lo sabremos, mientras vivamos en una dictadura que amamanta a sus siervos y aplasta (de muchas formas) a quienes se le enfrentan.”
Entre quienes intervienen en el hilo hay posiciones diversas: algunos advierten contra el uso de fuentes anónimas y el riesgo de convertir las redes en paredón sin garantías; otros insisten en que la defensa cerrada de cuadros del MINCULT, en un país donde la corrupción y la represión cultural han sido documentadas durante décadas, resulta insostenible. Y los hay hasta quienes como Dagoberto Pedraja, señala que muchos de los censores y represores que en el pasado lo señalaron a él como “rokero” (con todo lo que eso lleva) hoy se encuentran viviendo cómoda y gozosamente en Miami.
Sin embargo, más allá de la cortesía con que escribe, hay algo profundamente irreal en el llamado de Ulises Aquino a “no difamar sin pruebas” como si el camino natural, en Cuba, fuera ir con un audio o un video a la PNR o a la Fiscalía y que el sistema actuara con neutralidad.
En el país que tenemos, un ciudadano que aparezca con una grabación de, digamos, Lis Cuesta pidiéndole dinero a un artista o gestionando favores a cambio de pagos, no va a salir de una estación policial con una copia del acta y un número de expediente: lo más probable es que le incauten el material, lo interroguen durante horas y termine fichado, amenazado o directamente preso.
Hay gente que ha asumido el riesgo de denunciar sin esconder su identidad, en Facebook, y hoy acumula años de condena por hacerlo. Y Aquino lo sabe. Él, que lo ha hecho, ha tenido digamos “la suerte” de no ser arrestado, muy probablemente por ser una figura pública y por rodearse – como Liuba María Hevia o Amaury Pérez – de gente que puede interceder ante los decisores. A pesar de ser figuras públicas y muy queridos por el pueblo, otros dos mediáticos, Ulises Toirac y Luis Alberto García, ya han recibido sus llamado de atención.
No es casual – y Aquino debería saberlo – que muchas denuncias circulen de forma anónima: es, al mismo tiempo, una forma de proteger a quien filtra la información y al que la publica. Ese “trae las pruebas y preséntalas por los canales institucionales” solo tiene sentido en un Estado de derecho; en Cuba puede equivaler, literalmente, a empujar a alguien a su propia destrucción. Y Aquino, que vive y trabaja dentro de Cuba, no puede decir que no lo sabe.
La denuncia que señala a Rojas con su participación en un escándalo alrededor de la Casa Canaria en La Habana y la Asociación Canaria Leonor Pérez Cabrera, un caso donde el nombre de Fernando Rojas aparece de forma explícita, ha sido bien documentada por el diario independiente 14ymedio.
En un reportaje publicado el 21 de junio de 2025, el medio recuerda que, tras múltiples denuncias de malos manejos, el Gobierno cubano intervino la asociación en 2022 y colocó al entonces viceministro de Cultura, Fernando Rojas, al frente de una “comisión gestora” que debía ser transitoria, pero que terminó monopolizando las decisiones internas.
Esa comisión, presidida por Rojas, designó a personas afines en las filiales, controló sin transparencia el proceso de renovación de la sede de Monserrate y mantuvo cerrada la Casa Canaria pese a una subvención de 90.000 euros otorgada por el Gobierno de Canarias para su restauración.
Tres años después, según testimonios recogidos por el diario, el edificio sigue prácticamente en ruinas: humedad, instalaciones eléctricas y sanitarias deterioradas, obras mínimas y ningún cronograma claro de reapertura. Miembros de la comunidad canaria en Cuba acusan a Rojas de haber “exterminado” la vida asociativa, desarticulado la autonomía interna y convertido la estructura en su “finca particular”, mientras el propio Gobierno de Canarias afirma que la subvención está “ejecutada y justificada”, pero los descendientes en la isla no ven resultados ni cuentas claras sobre el uso real de esos fondos.
En la publicación hecha por La Tijera, se alude a un spa, que presuntamente se armó con fondos estatales; sin embargo, fuentes consultadas aseguran que Rojas no tiene nada que ver con eso, por cuanto el spa no es de su propiedad, si bien pudo haber hecho alguna llamada para que las cosas entraran sin muchos miramientos por la Aduana.
La Tijera fue más allá incluso en su denuncia y mencionó el nombre de Miosoty de la Caridad Paradelo Martín, actual Directora General de Emigración del Gobierno de Canarias, de quien dijo “ha mantenido un perfil público discreto pese a la creciente influencia que ha venido acumulando dentro de la política migratoria del archipiélago”, sin establecer siquiera un vínculo entre ella y Rojas – aunque sí, muy probablemente sugiriéndolo – que justifique al menos la desaparición o nula fiscalización de los fondos asignados al remozamiento de la Casa Canaria en La Habana.
En medio de ese cruce, la invitación de Ian Padrón queda sobre la mesa: debatir en su espacio Derecho@Réplica, “como ya hemos hecho antes”, esta vez con nombres, memoria y cámaras encendidas. Si ese debate se concreta o no, dirá mucho sobre cuánto están dispuestos a exponerse, en público, quienes han administrado el poder cultural en Cuba.
La segunda parte de esta historia. O primera.
Lo cierto es que lo que dio origen al post de Ian Padrón fue una publicación hecha por La Tijera y que no es ninguna de las tres acá encima reseñadas, sino esta otra acá debajo, donde se menciona y detalla – sin las pruebas fehacientes que exige Ulises Aquino – una amplia red de corrupción en el Ministerio de Cultura de Cuba.
Las filtraciones acusan a altos funcionarios, exviceministros y directivos —incluidos a los ya mencionados Fernando Rojas, Alpidio Alonso, Jacomino, Liyipsi Oliva y otros— de malversación, privilegios, reparaciones de viviendas con dinero estatal, desvío de fondos y uso personal de recursos públicos. También señalan favores gestionados por Lis Cuesta, irregularidades en ARTEX y el Fondo de Bienes Culturales, y un supuesto desfalco de 14 millones vinculado a Julián González Toledo.
Según la fuente citada por La Tijera, el entramado está protegido desde la Contraloría y es tan profundo que “ese ministerio está para cerrarlo”.
¿Cuánto de verdad pudiera tener todo eso? Bueno, ese será otro texto.
