La crítica situación epidemiológica que vive Cuba bajo el régimen castrista sigue teniendo repercusiones en otros países, pues las autoridades sanitarias de República Dominicana implementaron controles especiales y estrictos en el aeropuerto internacional Joaquín Balaguer, tras confirmar tres casos importados del virus chikungunya en pasajeros procedentes de la isla.
Según informaron medios locales, actualmente todo viajero que arriba desde Cuba es sometido a un riguroso protocolo que incluye entrevistas, chequeos médicos y el registro detallado de sus datos de contacto en ambos países. El operativo, que mantiene en alerta a los equipos epidemiológicos dominicanos, busca identificar de inmediato cualquier síntoma compatible con la enfermedad, como fiebre alta, dolor articular severo o erupciones cutáneas.

La doctora María Isabel Martínez, coordinadora parcial del operativo, explicó a la prensa que el objetivo es “reducir al máximo el riesgo” de que personas en período de incubación ingresen al territorio sin ser detectadas. “Si encontramos cualquier síntoma sospechoso, se activa el protocolo de manera inmediata”, afirmó.
Este reforzamiento de la vigilancia en la puerta de entrada aérea es un reflejo directo del colapso sanitario y la opacidad informativa que caracterizan a la dictadura cubana. Mientras el ministro de Salud dominicano, Víctor Atallah, insiste en que no hay circulación local del virus en su país y pide calma, el hecho evidencia la profunda preocupación regional ante la incapacidad del régimen de La Habana para controlar sus brotes epidémicos.
La alarma en República Dominicana no es infundada, pues Cuba atraviesa una grave crisis epidemiológica multifactorial, con miles de casos de enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue y chikungunya, sumados a una severa escasez de medicamentos y una infraestructura de salud en decadencia.
Provincias enteras se reportan en fase de epidemia, con más de 35 mil casos de chikungunya reconocidos oficialmente este año, cifras que organizaciones independientes y testimonios de la sociedad civil consideran un subregistro masivo.
El régimen cubano, más preocupado por controlar la narrativa que por salvar vidas, reconoció a regañadientes “fallas en la prevención” contra el vector, pero continúa negando la magnitud real del desastre y restringiendo el acceso a información veraz.
Esta política de ocultamiento pone en riesgo no solo al pueblo cubano, sometido a la enfermedad y la falta de recursos, sino también a los países vecinos, que ahora deben destinar sus propios recursos para protegerse de los contagios importados.
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Redacción Cubanos por el Mundo