La provincia oriental de Las Tunas, se ha convertido en uno de los epicentros nacionales de los brotes de dengue y chikungunya, en un escenario donde el colapso de la infraestructura básica y un subregistro masivo de casos han permitido la expansión descontrolada de las enfermedades. Aunque autoridades sanitarias castristas, como la directora general de Salud en funciones Yumara Acosta García, reconocen un “aumento” de síndromes febriles, atribuyen la crisis principalmente a una falla en la “pesquisa comunitaria”, omitiendo las causas estructurales que han convertido a la provincia en un caldo de cultivo para el mosquito Aedes aegypti.
Los municipios de Las Tunas, Puerto Padre, Majibacoa y Amancio son las zonas más comprometidas, con una tendencia creciente también en Colombia y Jobabo. La narrativa de la dictadura, insiste en que la movilización de estudiantes de medicina ha “aflorado” casos ocultos, como si el problema fuera la detección y no las condiciones que propician la epidemia.
Sin embargo, las autoridades evitan sistemáticamente mencionar los factores determinantes: la recogida de basura colapsada, el vertimiento incontrolado de fosas y los salideros de agua permanentes que sirven como criaderos ideales para el vector.
La exigencia de “autofocal familiar” se convierte en una cruel transferencia de responsabilidad a una población que carece de los recursos más elementales, como agua corriente estable para eliminar depósitos, mientras el régimen incumple su deber de garantizar saneamiento básico.
El impacto de la negligencia estatal recae con mayor crudeza sobre los grupos más vulnerables.
El sistema hospitalario, desbordado, ha tenido que reorganizarse de emergencia. Todas las gestantes con síntomas son ingresadas forzosamente debido al riesgo de transmisión transplacentaria del chikungunya, y los neonatos son sometidos a PCR al nacer.
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Redacción Cubanos por el Mundo
