La incautación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, anunciada públicamente por el presidente Donald Trump, sacó a la luz un esquema de reventa de petróleo en mercados internacionales, especialmente en Asia, que involucra a los regímenes de Venezuela y Cuba.
El navío, identificado como Skipper, zarpó de un puerto venezolano el pasado 4 de diciembre con cerca de dos millones de barriles de crudo pesado, con el puerto de Matanzas, en Cuba, como destino declarado bajo un contrato conjunto entre la comercializadora estatal cubana Cubametales (sancionada por EE.UU.) y una empresa vinculada al empresario panameño Ramón Carretero, también sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por facilitar envíos de productos petrolíferos.
De acuerdo con una investigación de The New York Times, el buque petrolero formaba parte de una red oculta de transporte utilizada para evadir controles internacionales. El diario señaló que el Skipper “emitió lecturas falsas de transpondedor desde octubre hasta diciembre de 2025, falsificando la ubicación del barco”, una práctica común en flotas que operan al margen de los regímenes de sanciones. El mismo informe indicó que la embarcación navegaba con bandera de Guyana sin estar registrada legalmente en ese país, lo que refuerza los indicios de operaciones encubiertas.
Castrismo revende petróleo venezolano
Por su parte, un reporte de Reuters informó que el buque salió del principal puerto petrolero de Venezuela con cerca de 1,8 millones de barriles de crudo pesado, antes de ser interceptado por autoridades estadounidenses.
Según la agencia, tras consultar documentos internos de PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) el Skipper “transfirió alrededor de 200.000 barriles cerca de Curazao al buque Neptune 6, que continuó ruta hacia Cuba”, mientras que el resto del cargamento no siguió ese mismo destino.
Estos datos respaldan la tesis de que el petróleo asignado formalmente a Cuba no se destina en su totalidad al consumo interno de la isla comunista.
En ese sentido, diversos reportes periodísticos indican que una parte significativa del crudo venezolano recibido por La Habana es revendida en mercados internacionales, con China como uno de los principales destinos finales, con el objetivo de obtener divisas para sostener el aparato represivo cubano y enriquecer los bolsillos de los miembros de la cúpula castrista.
El informe subrayó además que esta incautación constituye “el primer cargamento formal de petróleo venezolano confiscado bajo las sanciones estadounidenses vigentes desde 2019”, lo que sitúa el caso como un precedente relevante dentro de los esfuerzos de Washington por hacer cumplir sus medidas restrictivas.
Tras el anuncio de la operación, las dictaduras de Venezuela y Cuba rechazaron la incautación y la calificaron como una “violación del derecho internacional”. No obstante, más allá del cruce diplomático, los informes de The New York Times y Reuters coinciden en que la operación permitió exponer un entramado de envíos, transferencias marítimas y reventa de crudo que conecta a Caracas y La Habana con compradores fuera del continente americano.
El caso del Skipper se suma así a las evidencias sobre la cooperación energética entre ambos regímenes y el uso del petróleo venezolano como herramienta financiera, no solo para sostener alianzas políticas regionales, sino también para generar ingresos mediante su colocación en mercados como el chino, en un contexto de sanciones internacionales.
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Redacción Cubanos por el Mundo
