Activistas cubanos, congresistas federales y funcionarios del condado de Miami-Dade exigieron este martes 17 de febrero a la administración del presidente Donald Trump la revocación inmediata de licencias comerciales que permiten a empresas estadounidenses hacer negocios con el régimen de Cuba, principalmente aquellas que exportan bienes de lujo para los miembros de la cúpula castrista.
La solicitud fue presentada públicamente por el congresista Carlos A. Giménez, junto a Dariel Fernández, recaudador de impuestos de Miami-Dade, quienes estuvieron acompañados de los líderes de la oposición cubana Rosa María Payá y José Daniel Ferrer, y del coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat.
En ese sentido, denunciaron que ciertas autorizaciones federales están facilitando la exportación de bienes que terminan en manos de estructuras controladas por la dictadura.
Según los convocantes, bajo el amparo de licencias otorgadas por agencias federales, empresas han exportado artículos que no califican como ayuda humanitaria, incluyendo vehículos de lujo y otros productos considerados no esenciales. Para los firmantes de la petición, estos negocios contradicen el espíritu de las sanciones estadounidenses y representan una vía indirecta de financiamiento para el aparato estatal cubano.
“Estamos hablando de Ferraris, jetskis y artículos recreativos que terminan en manos de la élite del régimen. Eso no son bienes humanitarios, son lujos para los opresores del pueblo cubano”, dijo Fernández en su intervención.
Además, el funcionario sostuvo que, bajo el liderazgo de Trump y Rubio, “Estados Unidos ha dejado claro que Cuba no es solo un tema de política exterior, es un asunto de seguridad nacional”.
Durante el pronunciamiento, activistas como Rosa María Payá respaldaron la iniciativa y señalaron que cada dólar que ingresa a estructuras controladas por el Estado fortalece a un sistema que mantiene presos políticos y reprime la disidencia. En ese sentido, la líder de Cuba Decide exhortó a que se congelen los activos de los castristas en el exterior.
“La dictadura cubana amenaza la paz regional, la seguridad nacional de Estados Unidos”, agregó.
Por su parte, Carlos Giménez recordó que, junto a los legisladores cubanoamericanos, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart enviaron recientemente una carta formal a Washington solicitando una revisión exhaustiva de todas las licencias comerciales activas relacionadas con Cuba, con el objetivo de identificar y cancelar aquellas que, a su juicio, benefician directamente a empresas estatales o entidades vinculadas al aparato militar y de seguridad del régimen.
Es importante mencionar que este planteamiento surge en un momento en que el gobierno estadounidense mantiene presión económica sobre La Habana y evalúa mecanismos para endurecer el cumplimiento de sanciones existentes. Para los representantes del sur de Florida, permitir operaciones comerciales que no tengan carácter estrictamente humanitario debilita la coherencia de la política hacia Cuba.
La iniciativa también refleja el peso político del exilio cubano en Florida, que continúa presionando para cerrar cualquier resquicio legal que permita al régimen obtener ingresos desde territorio estadounidense.
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Redacción Cubanos por el Mundo
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