El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, presentó su renuncia ante la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, en un movimiento que vuelve a evidenciar reacomodos dentro de la estructura de poder que durante años sostuvo la persecución política en el país.
Saab, quien ocupaba la Fiscalía desde 2017, fue uno de los principales operadores judiciales del chavismo, señalado por organizaciones internacionales por avalar procesos contra opositores, dirigentes estudiantiles y activistas de derechos humanos. Su salida del Ministerio Público no representa, sin embargo, una ruptura con el sistema que ayudó a consolidar: el propio oficialismo lo designó de inmediato en otro cargo institucional, manteniéndolo dentro del engranaje estatal.
La renuncia ocurre en un contexto político convulso, marcado por la caída de Nicolás Maduro y por la reorganización interna del poder bajo figuras como Delcy Rodríguez, mientras el aparato chavista intenta recomponerse frente a presiones nacionales e internacionales. En paralelo, se impulsa una ley de amnistía que el oficialismo presenta como gesto de “reconciliación”, aunque críticos sostienen que busca reconfigurar el tablero político sin asumir responsabilidades por años de represión.
La dimisión de Saab no puede analizarse aislada del historial del Ministerio Público bajo su gestión: miles de detenciones en contextos de protesta, expedientes abiertos contra dirigentes disidentes y un patrón sistemático de judicialización de la política. Durante casi una década, la Fiscalía fue vista por amplios sectores como un brazo jurídico del poder chavista.
Para observadores independientes, el movimiento parece más un ajuste estratégico que un acto de rendición de cuentas. No hay hasta ahora anuncios de investigaciones internas sobre posibles abusos, ni señales de una reforma estructural que garantice independencia judicial real. En cambio, la continuidad de Saab dentro del aparato institucional refuerza la percepción de que el sistema se recicla, pero no se transforma.
En medio de la crisis institucional que atraviesa Venezuela, la salida del fiscal general abre interrogantes sobre el futuro del sistema de justicia: ¿habrá un cambio genuino en la conducción del Ministerio Público o se tratará simplemente de un relevo cosmético para aliviar presiones externas? La respuesta, como en tantos episodios del chavismo, dependerá de si se permiten auditorías independientes y transparencia real, algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia.
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Redacción Cubanos por el Mundo
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