El Ministerio del Interior (MININT) de Cuba informó este lunes a través de sus canales oficiales y redes sociales la supuesta detención de diez ciudadanos panameños residentes en ese país, acusados de cometer “hechos de propaganda contra el orden constitucional”, un delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal cubano, que puede acarrear penas de hasta ocho años de prisión.
De acuerdo con el comunicado oficial del MININT, los arrestos se produjeron el sábado 28 de febrero de 2026 en distintos puntos de La Habana durante la madrugada. Las autoridades comunistas alegan que los detenidos habían sido “orientados” para ingresar al país con el propósito de confeccionar letreros con mensajes de “carácter subversivo” y contrarios a la dictadura castrista.
Según la narrativa oficial, una vez cumplida la supuesta misión, debían retornar a Panamá, donde recibirían pagos que oscilarían entre 1.000 y 1.500 dólares por persona. El MININT asegura que, desde el momento de la detención, los panameños implicados reconocieron su participación en los hechos.
Sin embargo, la versión oficial genera serias dudas y cuestionamientos entre observadores independientes y exiliados. En un contexto de creciente aislamiento internacional, presiones económicas estadounidenses y advertencias públicas de figuras como el congresista Carlos Giménez y el senador Lindsey Graham sobre un posible “colapso” del régimen castrista —tras eventos en Venezuela e Irán—, este anuncio aparece como un intento deliberado de reforzar la narrativa de “amenaza externa” y justificar mayor control interno.
Asimismo, el hecho ocurre apenas días después de que el régimen montara un show en la Televisión Nacional al transmitir un extenso “reportaje” sobre un supuesto incidente con una lancha rápida en la costa norte de Villa Clara, donde las fuerzas del MININT asesinaron a varios individuos, presentándolo como una victoria en la defensa del “orden público y la soberanía”.
Organizaciones de derechos humanos y medios independientes han señalado patrones recurrentes en estas acusaciones: el uso amplio y arbitrario del artículo 124 para criminalizar cualquier expresión disidente, la falta de transparencia en las investigaciones, la ausencia de acceso inmediato a abogados o consulados para los detenidos extranjeros, y la rápida difusión de “confesiones” sin verificación independiente.
Hasta el momento de la redacción de esta nota, Panamá no ha emitido aún una respuesta oficial detallada sobre este hecho en el que aparentemente están implicados ciudadanos de ese país.
Redacción Cubanos por el Mundo
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