Una funcionaria de la tiranía castrista atacó físicamente a un periodista independiente y destruyó su equipo de trabajo para encubrir la corrupción en la venta de agua en La Habana, mientras el trabajador de prensa intentaba registrar las carencias que sufren los ciudadanos en medio de la crisis de servicios básicos.
Fue el reportero de CubaNet Vladimir Turró Páez quien, durante la jornada del sábado, fue víctima de la habitual violencia que define a todo aquel que forma parte del castrismo.
El episodio ocurrió específicamente en la intersección de la calle Norte y la Calzada de San Agustín, situada en la barriada de Calleja del municipio Arroyo Naranjo, zona que padece una falta total de suministro hídrico desde hace más de tres semanas.
Dicha escasez obligó a los residentes a solicitar la presencia del periodista independiente para que documentara cómo un camión cisterna se retiraba tras abastecer únicamente a tres viviendas, dejando al resto de la comunidad en el abandono absoluto.
Al acudir al lugar para investigar el paradero de la responsable del operativo, los vecinos localizaron a la funcionaria consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras mujeres a varios metros de su puesto de control, desatendiendo por completo sus obligaciones laborales.
“La encontramos tomando cerveza con otras dos mujeres que la acompañaban, lejos de donde debía estar trabajando, organizando y controlando el reparto de agua”, dijo Turró Páez.
La tensión escaló cuando el comunicador comenzó a grabar las quejas de los pobladores y se identificó formalmente, provocando una reacción irracional por parte de la enviada del régimen quien se abalanzó contra él.
“Cuando le dije que era periodista y vio que estaba filmando todo lo que estaba ocurriendo, se me lanzó encima, me arrebató el teléfono y lo tiró contra el piso mientras gritaba que no le importaba quién yo era”, expresó el comunicador agredido.
Aunado a la violencia física, los habitantes del sector señalaron que estos operativos de distribución son utilizados por los delincuentes de la dictadura para lucrarse ilegalmente, exigiendo pagos exorbitantes a las familias desesperadas.
Según los testimonios recolectados, el precio por el llenado de depósitos oscila entre los 25 000 y 35 000 pesos, lo que evidencia una red de tráfico de recursos vitales amparada por la impunidad oficialista.
“Es una funcionaria represiva y corrupta. Intentó destruir el teléfono porque estaba grabando lo que pasaba y eso podía dejar al descubierto el negocio que tienen con el agua”, afirmó el afectado.
Esta situación de miseria extrema afecta a más de 500 núcleos familiares en la zona, quienes sobreviven bajo la constante presión de la falta de luz y el desabastecimiento generalizado de insumos básicos.
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Como consecuencia de este abandono institucional y la opresión constante, la noche previa al altercado se registró una protesta en las calles aledañas, demostrando el hartazgo social ante la incapacidad de la cúpula comunista para garantizar la vida digna.
Redacción de Cubanos por el Mundo