La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó el 19 de febrero una Ley de Amnistía que, según el discurso oficial, busca cerrar ciclos de confrontación política y facilitar la liberación de personas procesadas por hechos vinculados a la crisis venezolana entre 2002 y 2025.
El proyecto fue respaldado por unanimidad por el Parlamento y remitido para su promulgación por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien ha defendido la norma como un paso hacia la “reconciliación nacional”. Desde el oficialismo se presentó la medida como un gesto de apertura tras años de conflictividad política.
Sin embargo, la ley contempla exclusiones significativas. No serán beneficiadas personas vinculadas a delitos graves como homicidio, narcotráfico, corrupción o violaciones de derechos humanos. Tampoco alcanzará a quienes hayan participado en acciones armadas contra el Estado. Estos límites han generado interrogantes en sectores opositores y organizaciones civiles sobre cuántos presos políticos serán efectivamente liberados, tomando en cuenta que gran parte de los encarcelados por motivos políticos son militares que expresaron su descontento con la dictadura.
Es importante mencionar que la aprobación ocurre después de la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero, un hecho que alteró profundamente el panorama político venezolano y abrió un nuevo ciclo institucional. En este contexto, el chavismo busca proyectar una imagen de transición controlada y estabilidad jurídica ante la comunidad internacional.
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Organizaciones de derechos humanos han señalado que, aunque la ley podría beneficiar a un número importante de detenidos por motivos políticos, aún quedan centenares de casos pendientes cuya situación no está del todo clara. Además, advierten que una amnistía no sustituye la necesidad de justicia, reparación y garantías de no repetición.
Analistas consideran que la medida puede interpretarse como un intento del chavismo de ganar margen político y reducir presión externa, especialmente ante gobiernos y organismos que han exigido la liberación de presos políticos como condición para avanzar en procesos de normalización diplomática.
Mientras tanto, familiares de detenidos y sectores de la oposición mantienen una postura cautelosa: esperan que la ley no se convierta en un instrumento selectivo ni en un mecanismo condicionado a lealtades políticas.
La efectividad de la norma dependerá ahora de su implementación concreta, del número real de excarcelaciones y de si marca un cambio estructural en el manejo del disenso en Venezuela o si se trata de un movimiento táctico dentro de la reconfiguración del poder tras la salida de Maduro.
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Redacción Cubanos por el Mundo
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