El régimen de Cuba anunció la identificación de los seis tripulantes heridos de la embarcación con matrícula de Florida que presuntamente fue interceptada y atacada por unidades de las Tropas Guardafronteras este miércoles 25 de febrero.
La información fue divulgada a través del perfil oficial del Ministerio del Interior de Cuba, único canal que hasta ahora ha ofrecido detalles sobre lo ocurrido.
Según la versión oficial, los heridos fueron identificados como Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.
Las autoridades castristas también habían informado previamente que cuatro ocupantes fueron asesinados durante el supuesto enfrentamiento y que uno de ellos respondía al nombre de Michel Ortega Casanova.
“Todos los participantes son cubanos residentes en los Estados Unidos”, precisó el comunicado del castrismo.
Régimen de Cuba construye su relato
El régimen sostiene que la lancha, registrada en Florida, ingresó a aguas territoriales cubanas y que sus ocupantes abrieron fuego contra la patrulla marítima. Sin embargo, como ha ocurrido en episodios similares a lo largo de décadas, la única narrativa disponible es la ofrecida por el propio aparato represivo del castrismo, sin verificación independiente, sin acceso a observadores externos y sin evidencia presentada públicamente que permita contrastar los hechos.
La Habana asegura haber incautado armamento y equipos tácticos en la embarcación, describiendo a los tripulantes como presuntos agresores con fines violentos. No obstante, hasta el momento, ni autoridades de Estados Unidos ni organismos internacionales han confirmado de manera autónoma los detalles ofrecidos por el castrismo.
El patrón no es nuevo. En situaciones de alto impacto político o internacional, el régimen cubano ha construido históricamente relatos cerrados, sin transparencia ni acceso a pruebas, con el objetivo de imponer su versión como verdad absoluta dentro y fuera de la isla.
La ausencia de prensa libre, de supervisión judicial independiente y de mecanismos de rendición de cuentas impide verificar si realmente se trató de un enfrentamiento armado o si el uso de la fuerza fue desproporcionado contra una embarcación civil.
En un país donde el monopolio de la información lo ejerce el propio aparato de seguridad del Estado, cada incidente de esta magnitud queda inevitablemente bajo sospecha. Sin transparencia ni contrapesos institucionales, el relato oficial del castrismo se sostiene únicamente sobre la palabra de quienes controlan las armas, los tribunales y los medios.
El caso no solo tensiona la relación con Estados Unidos, sino que vuelve a poner en el centro del debate internacional la opacidad con la que opera el régimen cubano ante hechos que involucran pérdida de vidas humanas y posibles implicaciones diplomáticas de alto nivel.
Redacción Cubanos por el Mundo
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