Por Pilar Montes
La red de Cupet.
HAVANA TIMES — El título no es de la autoría de esta periodista, sino del Presidente del parlamento cubano, Esteban Lazo, expresado en un discurso pronunciado en marzo de 2015.
“Lo peor no son los hechos de corrupción debatidos aquí, sino los que no fueron descubiertos: esa impunidad hace crecer el delito”, advirtió Lazo.
El 2 de julio de 2015 se informó que seis ciudadanos cubanos y uno de origen argentino, fueron procesados y sancionados en Cuba de 5 hasta 13 años de cárcel, acusados de corrupción en la empresa Cubapetróleo (CUPET), lo que provocó pérdidas millonarias y daños a 14 pozos de crudo, informó la víspera el Noticiero Nacional de Televisión de Cuba.
Emilio Enrique Cotter, de origen argentino y representante de la firma uruguaya DFS, fue condenado a 10 años de cárcel. Las otras sentencias fueron Pedro Santa Cruz, 13 años; Reinaldo Mederos, 10 años; Jorge Shuman y Joel Pumariega, 2 años; mientras que Rafael Arias, fue sancionado a 5 años de trabajo correccional, según las fuentes.
Según relató el reportaje, el argentino Cotter se aseguró de encontrar en uno de los especialistas de la empresa comercial Cubapetróleo (CUPET) la vía que facilitara la concesión de contratos a DFS por encima de otros proveedores.
El oficial de la Seguridad del Estado cubana, Eduardo Pérez, dijo que además de utilizar a un comercial de Cubapetróleo para facilitar la concesión de contratos para la DFS, Emilio Cotter fue más lejos y sobornó a dos especialistas del Centro de Investigaciones de la Industria Química para que falsificaran un peritaje a fin de cumplir requisitos de CUPET.
Pérez manifestó además que existen algunos indicios en la conducta de Cotter por los que las autoridades sospechan que “realmente ese no era el fin”, sino que el objetivo podía ser “dañar la economía cubana”, pues no tuvo forma de justificar “de dónde salían los fondos que repartía el dinero a los funcionarios cubanos ni el domicilio legal de la firma DFS en Uruguay”.
Ejecutivos de CUPET dijeron que “se produjeran 33 violaciones en el proceso de contratación”. El director de Perforación y Extracción de la Empresa de Petróleo de Occidente de la Isla fue sancionado penalmente por “no controlar las actividades de las zonas productoras”.
Algunos antecedentes
Este hecho recordó otros más lejanos en el tiempo. En favor de este caso de la empresa petrolera cubana, hay que decir que se nombraron los responsables y las sentencias dictadas por el tribunal de justicia, ya que los videos que circulan sobre hechos de corrupción con frecuencia se han filtrado de las investigaciones, sin dar nombres ni penas de cárcel.
Los comunicadores que peinan canas recuerdan el caso del Jefe del Departamento Ideológico, Carlos Aldana, una tarjeta de crédito y otras rayaduras en su desempeño que le costaron el cargo.
El ex miembro del Buró Político, máximo nivel del Partido Comunista, Juan Carlos Robinson Agramonte, sancionado por graves actos de corrupción en el 2006, fue liberado por las autoridades en el 2010 tras cumplir un tercio de su condena en prisión.
Robinson, sancionado a 12 años de cárcel, fue puesto en libertad condicional a finales de junio y se encuentra en su casa en La Habana, indicaron fuentes de la prensa extranjera.
El sitio web “La Joven Cuba” escribía ya en 2012 que “desde lo acontecido con Felipe Pérez Roque, Carlos Lage y Carlos Valenciaga, por solo citar a una generación joven de dirigentes, no se ha detenido el proceso de sacar a la luz a los encartados en delitos de corrupción.”
La Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, consideró que en el combate contra la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas en las empresas estatales de la isla son clave el “control”, la “prevención” y la participación “imprescindible” de la comunidad.
Sin embargo, un año más tarde en noviembre de 2013, un blog cubano comentaba el hecho más sobresaliente del momento, el caso del director de la Empresa de Servicios Comunales en el municipio de La Habana Vieja, donde encontró fácil robarle al erario público 33.8 millones de pesos (1.69 millones de dólares), con ayuda de varios subalternos.
A cargo de un trabajo como comunales que sólo ahora se empieza a recuperar, el director se construyó una casa de tres pisos, invirtió en la reparación y ampliación de siete viviendas.
Durante dos años gastó el equivalente de 55 mil dólares en la renta de autos de turismo, también pasó vacaciones con toda la familia en hoteles 5 estrellas en Varadero. Se ocuparon además tres autos particulares, una embarcación, cuatro neveras, tres refrigeradores, 11 aparatos de aire acondicionado, 4 televisores de plasma. Para decomisar todos los bienes mal habidos hubo que utilizar tres camiones de carga.
Miriam Marbán, responsable de la Contraloría General de la República en La Habana, insistió en la importancia de dar seguimiento a las quejas y denuncias de la población.
Si los ciudadanos señalan las ilegalidades, tenemos que responderles, pero a veces las investigaciones son dilatadas y débiles, y una vez detectados los fraudes, las medidas no son las adecuadas para evitar que se repitan, explicó.
Esta advertencia precisamente se aplica al hecho más reciente de corrupción, pues los hechos juzgados ahora datan desde mediados de 2009. Los cargos por los que fueron sentenciados fueron cohecho, actos en perjuicio de la actividad económica o la contratación, incumplimiento de obligaciones en entidades económicas, abuso en el ejercicio del cargo y falsificación de documentos privados.
La corrupción, sin embargo, no es privativa de un sistema en particular, sino de todos, porque nos rodea e infecta al mundo entero.
