Con el concepto básico que define a la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD): trabajar unidos en acciones estratégicamente definidas desde la convergencia plural, adquiere puntualidad ahora el trabajo en sendas propuestas ciudadanas de ley electoral y de ley de asociaciones y de partidos políticos que se articulan desde la ciudadanía en el proyecto #Otro18, asumidos por la MUAD y otras organizaciones y proyectos como Espacio Abierto de la Sociedad Civil.
Cabe enfatizar inicialmente la combinación entre genealogía y cronología históricas de las demandas de cambio en Cuba porque ha predominado en el mundo la percepción de que la sociedad civil y la comunidad pro democrática cubanas no han sido capaces de hacer propuestas concretas para la democratización, debatiéndose en la mera resistencia a la represión del gobierno, y atrapadas en las exigencias generales y abstractas de respeto y promoción a los derechos humanos.
Eso no es cierto en varios sentidos fundamentales y lo demuestra el hecho de las exigencias de cambio electoral, muy viables, que se articularon entre 1998 y 2002 por el Proyecto Varela.
Estas exigencias regresan ahora y, sin embargo, sigue pareciendo para la percepción, sobre todo externa, que la sociedad civil propone trabajar hacia una ley electoral como reacción a lo que el partido comunista cubano recogió en sus Lineamientos de 2011 y presentó con más claridad en un pleno de su comité central en 2014. En ambos momentos, las autoridades del partido comunista, y es importante retener el dato sobre quién propone, comunicaron sus intenciones de trabajar por una nueva ley electoral. Y curioso. No hablan de reformar sino de innovar en este ámbito.
Vale esta pregunta entonces: ¿quién reacciona ante quién cuando estamos hablando de reformas estructurales en Cuba? Todos los cambios que se han hecho en la isla, casi ninguno de tipo estructural, han sido propuestos o demandados alguna vez por un conjunto nada pobre de programas políticos de la oposición. Y si hablamos exclusivamente de aquellos que tocan a las estructuras del régimen, entonces la comunidad pro democrática ha peinado a toda la sociedad y a todos los ámbitos en sus proyectos de cambio.
Es importante por tanto aquella pregunta porque toca a la pretensión específica de cada actor cuando adelanta una propuesta determinada. De modo que lo fundamental aquí es: ¿qué ley electoral visualiza el gobierno en contraste con la que visualiza la sociedad civil?
Podríamos imaginar lo que intenta el gobierno; pero podemos saber lo que quiere la sociedad civil.
Para nosotros el asunto es de representación política de la diversidad social. Buscar que en el poder tenga voz, definición y posibilidad de incidir y decidir en política la pluralidad de opciones que se expresan en la sociedad civil y que buscan conformar la voluntad política del Estado. Porque recordemos lo que siempre vale la pena repetir: la democratización del Estado depende exclusivamente de la existencia y posibilidad de competencia política, en igualdad de condiciones, entre una diversidad coherente de partidos políticos.
#Otro18 incorpora por ello un asunto adelantado inicialmente por la propuesta Urna Transparente, hecha por el Foro Antitotalitario Unido, acción cívica que ha sido acogida colectivamente.
Hablar de ley electoral significa hablar de garantías electorales: acceso igualitario a los medios de comunicación, protección a la libertad de expresión, reconocimiento a la pluralidad de partidos, posibilidad de postular candidatos de esos diferentes partidos o a candidatos independientes, consejo electoral independiente y observación internacional calificada, entre otras garantías. Y al fijarnos en estas, se abre el debate sobre el sistema electoral, que comprende obviamente la ley pero no se reduce a ella.
Las garantías y el sistema electoral son los que comienzan a marcar las diferencias fundamentales entre lo que propondría el gobierno y lo que propondría la sociedad civil. Estos análisis de contexto remiten tanto a la diferente naturaleza de las propuestas como a los estilos y medios de trabajo con los que ambos actores, Estado y sociedad civil, afrontan el desafío.
Importante mirar en esta dirección. Si el gobierno propone una nueva ley electoral podría vender la impresión de que moderniza el sistema político. Lo que sería cierto en algún sentido sin que por ello signifique que se democratiza, como muy bien podría ser leído en la comunidad internacional.
Si complejizamos el análisis no podríamos obviar el dato de que si algo hay de específico en los modelos políticos eso es el sistema electoral. Ninguno, o casi ninguno, es igual al otro y todos podrían reclamar un carácter democrático. Ello ofrecería una coartada conceptual y política al régimen si logra vender como ley electoral democrática lo que algunos imaginamos será una reforma hacia un pluralismo corporativo que incorpore a representantes-elite por sectores, abiertos a la crítica legitimable, pero que no toquen ni los fundamentos del Estado, ni los fundamentos del poder, ni los fundamentos de las elites políticas hereditarias. Estos representantes-elite no tendrían que ser miembros del partido comunista, de hecho la condición ahora es que no lo sean, pero sí tendrían que estar de acuerdo con su hegemonía.
De ahí la importancia de enfatizar dos puntos esenciales como base de la ley electoral: el pluralismo ideológico abierto a la formación de partidos y la legitimación ciudadana de la representación. Lo que intentamos es que la ley electoral se legitime desde la ciudadanía y sea, en todos los formatos posibles, deliberada con la ciudadanía. No se puede concebir por tanto una nueva ley electoral sin una ley de asociaciones nueva y sin una ley de partidos.
¿Es congruente una nueva ley electoral dentro del mismo sistema electoral de partido único? No, pero parece ser lo que pretende el gobierno.
¿Cuál es nuestro itinerario?
#Otro18 se mueve en tres direcciones hacia un mismo fin.
Trabajamos en un plano más básico con Urna Transparente para sensibilizar, identificar y comprometer a la ciudadanía con los estándares internacionales respecto a los sistemas electorales. La recogida de firmas, que hacemos también en otras áreas conectados por el mismo propósito, prepara el terreno ciudadano en la dirección de acoplar con la cultura global de elecciones libres, limpias y supervisadas que serviría a ambos procesos: el que propone el gobierno y el que está proponiendo la sociedad civil.
Hemos constituido por otra parte en forma simultánea, y esta es la segunda dirección, dos Mesas de Trabajo básicas. Una dedicada al tema electoral y otra al tema de las asociaciones y los partidos políticos.
La composición de ambas Mesas responde a la naturaleza democrática del proyecto. Están constituidas cada una por entre tres y cuatro abogados, que fungen como expertos en el proceso, junto a periodistas y comunicadores sociales, que se constituyen en equipo de comunicación ligados a la campaña de movilización ciudadana, y a activistas de diferentes organizaciones que se implican en un proyecto que es legítimo solo si es plural y capta todas las sensibilidades.
Esto requiere desde luego apoyo internacional de expertos en sistemas electorales. Las últimas elecciones propiamente en Cuba, las que incluyen pluralidad política en igualdad legal de condiciones, se realizaron hace 76 años, de modo que el último votante libre cubano vivo debe tener ahora mismo 80 o más años de edad.
La pretensión nuestra es la de presentar una contrapropuesta ciudadana en la fase final de este proceso, aunque avancemos gradualmente presentando propuestas parciales para lo que creemos debe ser una ley electoral democrática.
Tal propuesta inicial será presentada a la ciudadanía, en forma de borrador, dentro de un proceso de deliberación democrática a través de los diversos formatos estructurados dentro de la sociedad civil. El proceso de retroalimentación que esto genera será entonces devuelto a los abogados para que conformen una propuesta final en ambos sentidos.
¿Cómo introducir estas propuestas en los canales políticos? El debate se está produciendo ahora mismo. En la recién constituida MUAD se ha asumido en principio, esta es la tercera dirección, la idea del Plebiscito adelantada por el proyecto Cuba Decide. La discusión gira en torno a la viabilidad de un Plebiscito en las actuales condiciones y al auto bloqueo eventual de la agenda política de la oposición si hacemos depender su realización de lo que en tal sentido establece el ordenamiento jurídico: la realización de un Plebiscito depende de la voluntad del gobierno. Es el riesgo del control absoluto de la agenda y de los tiempos políticos por actores que a su vez no podemos controlar.
Algunos consideran que un Plebiscito puede hacerse sin enfatizar su naturaleza vinculante, fijando ante todo su valor simbólico. El impacto político real de hacerlo de esta manera depende de si alcanzamos una cifra crítica suficiente ─lograble también a través de una recogida de firmas─ que demuestre públicamente las tendencias básicas de la voluntad política ciudadana. En este caso, el Plebiscito sellaría las propuestas ciudadanas en los dos sentidos en las que se trabajan y le darían un contenido propio, además del auto control de la agenda y de sus tiempos, triplemente legitimado por su origen, desde abajo, por el apoyo ciudadano a un proceso electoral con garantías, a través de Urna Transparente, y por su legitimación ciudadana final. Un triple anclaje ciudadano del sistema político democrático en una de sus columnas centrales: la elección de la representación en todos los niveles del Estado.
En esta dirección caminan también, y en varios puntos se conecta, las diversas propuestas de Presentación de Candidatos Independientes en las venideras elecciones de 2018. Ellas deciden correr autónomamente, con independencia del resultado de las propuestas ciudadanas respecto de la ley y el sistema electorales, y de la ley de asociaciones y de partidos políticos. Unas propuestas semejantes, (Presentación de Candidatos Independientes), como simbólicamente se demostró en las últimas elecciones municipales del primer trimestre de 2015, presionarían democráticamente al gobierno, dentro de su nueva ley electoral; una que de seguro será concebida y puesta en escena para el aggiornamento del régimen. Un resultado, de lograrse, nada menor para la sociedad cubana.
El éxito de nuestras ambiciones depende en cualquier caso de la movilización ciudadana que alcancemos a través de una campaña estructurada. Hemos pensado y estamos trabajando en este sentido en una Lista de Observadores Internacionales cubanos, fundamentalmente jóvenes, que participen en procesos electorales en otros países y se coordinen dentro de Cuba para compartir sus experiencias con la ciudadanía; también en cuatro redes específicas, no exclusivas, de incidencia social hacia las mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes y la comunidad LGBTI. Bajo el moto de: redes por el voto plural, ellas trabajarán con los ciudadanos en la sensibilización y articulación con #Otro18.
En un sentido de política ideal nos moveríamos en el largo plazo, para lo que también se vienen recogiendo firmas, en la dirección de que un sistema político pluralista abra el proceso por una Asamblea Constituyente en Cuba.
Necesitamos para ello de la mayor solidaridad internacional posible, de la coordinación eficaz de las organizaciones que dentro de Cuba decidan incorporarse al proyecto y de las que en el exterior están comprometidas con ayudar en la democratización de Cuba.
