(Martinoticias).- Luego de varios incidentes, confusos, enmarañados y ninguno esclarecido, el 4 de abril de 1980 las autoridades cubanas retiraron la guardia que custodiaba la embajada de Perú en La Habana, dando inicio de esa forma a lo que muchos consideran el capítulo más dramático de la historia contemporánea de Cuba, episodio traumático que marcó el éxodo masivo y los actos de repudio. Un antes y un después.
Acaso por eso, aún hoy, cuando Estados Unidos y Cuba avanzan con igualdad soberana en temas que son de mutuo interés, como el correo postal directo, las telecomunicaciones, aeronáutica civil, seguridad aérea y marítima, intercambio científico y educacional, colaboración en materia de salud, protección de ecosistemas y otros tantos, ambas autoridades hacen especial enfásis en el intercambio técnico y profesional entre el Servicio de Guardacostas norteamericano y las Tropas Guardafronteras cubanas, en la actualización de asuntos migratorios, el fraude de documentos, y más importante aún, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas; resumido en pocas palabras, en trabajar para garantizar una migración segura, legal y ordenada.
Entiendo que el constante enfrentamiento, y el incentivar la desconfianza, dominaron la política de ambas naciones por más de 50 años, y ese arrastre hace que los ideólogos cubanos repitan, como cotorra amaestrada y con persistente porfía, que el objetivo estratégico del gobierno estadounidense es destruir, eso que ellos llaman, proceso revolucionario.
Por esa razón, y no por otra, mientras que para Washington es difícil avanzar en materia migratoria hacia una relación normal con La Habana y mantener instrumentos legales como la Ley de Ajuste Cubano y la política “pies secos-pies mojados”; para Cuba es muy fácil cambiar los decretos migratorios dependiendo del contexto político actual. Justo hoy, a 36 años del 80, lo demuestra encarcelando, interrogando, amenazando y sancionando sin marco legal, no solo a quienes, en fecha reciente, llegaron deportados desde Panamá, también a un grupo de jóvenes de la provincia de Cienfuegos que, sorprendidos en altamar, luego de soportar malos tratos por parte de las autoridades, fueron sancionados con prohibición temporal de viaje y una multa de hasta 3.000 pesos. Todo por cometer la despenalizada figura de “salida ilegal”.
¿No es, este proceder, una muy hábil manera de empujar a los cubanos nuevamente al mar? ¿No es, esta acción, una prueba flagrante de incumplimiento a los acuerdos migratorios de septiembre del 94 en los que Cuba se comprometía públicamente a “impedir las salidas inseguras, usando fundamentalmente métodos persuasivos”? ¿Donde radica la persuasión?
Estamos comenzando una complicada época “post democrática” que, por ser nueva, debemos aprender a vivir, porque se perfila centrada en aprovechar la diplomacia para crear estrategias de convivencia, acercamientos políticos y asociaciones económicas que, aunque aparentemente resten importancia a ciertos temas de Derechos Humanos, ayudan a impulsar la paz, a reducir enfrentamientos, debilitan la violencia y suavizan la pobreza.
