El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, presentará su informe sobre la situación política y social en Venezuela la próxima semana “a más tardar” y en él prevé anunciar si le aplica la Carta Democrática, lo que podría llevar a su suspensión del ente.
“Vamos a presentar el informe con una nota en la cual vamos a hacer referencia directa al artículo 20 de la Carta, pero si usted lee el artículo el tema a partir de ese momento pasa a consideración del Consejo Permanente”, dijo hoy Almagro a los periodistas en los pasillos de la OEA.
“Lo que vamos a decir lo vamos a decir en el informe específicamente, la semana que viene a más tardar”, añadió, tras ser preguntado sobre si ya ha tomado una decisión respecto a la aplicación o no de la Carta.
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Con estas declaraciones, el titular de la OEA apuntó una vez más a lo que ya es un secreto a voces en la organización: que con toda probabilidad convocará en los próximos días a los embajadores de los 34 países miembros del organismo para abordar la situación en Venezuela en virtud del artículo 20 de la Carta.
Con ese paso sin precedentes en la OEA se abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencia desde resoluciones o gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo, para lo cual es necesario el voto de dos tercios de los cancilleres y que solo ocurrió tras el golpe de Estado de Honduras en 2009.
Como recordó hoy Almagro, presentará su informe sobre Venezuela “en función de los pedidos y la solicitud concreta formulada por la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) para intervenir urgentemente en aplicación del artículo 20 de la Carta”.
Si invoca la Carta, Almagro se convertirá en el primer secretario general que aplica este instrumento a un Estado miembro en contra de la voluntad de su Gobierno.
Para hacerlo, Almagro debe recurrir al artículo 20, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
EFE
