Luego de un operativo el día viernes que terminó con el allanamiento a la sede del Centro de Información Legal Cubalex y el decomiso de varias computadoras y documentos, su directora Laritza Diversent, aseguró que el procedimiento fue contra la ley.
Según reseña el portal Diario de Cuba, Diversent se negó a aceptar el documento de allanamiento y pidió que se retiraran.
“La orden de registro presentada por la fiscal al frente del operativo, Beatriz Peña de La Hoz, indicaba buscar objetos de procedencia ilícita”.
“Apelando a mis derechos constitucionales, de acogerme a la inviolabilidad de domicilio, exigí que tenía que especificarse el objeto en la resolución del registro de entrada, como indica la ley de procedimiento penal. Que no abriría ninguna puerta de la propiedad hasta que no se cumplieran los requisitos legales para proceder con la orden de registro. Dijeron que regresarían con un cerrajero”.
En vista de que en el campo legal no pudieron con la experimentada abogada, los oficiales del régimen no le quedo de otra de utilizar la fuerza bruta (como de costumbre), e ingresaron de forma violenta por el portón principal.
“Ante la puerta de la casa les insistí en que si habían arreglado la orden de registro y dijeron que ellos no necesitaban arreglar nada, a lo que respondí que entonces tendrían que romper también esta puerta; tardaron casi dos horas para forzar la cerradura”
Ya dentro de la sede de Cubalex, los oficiales requisaron todo minuciosamente, desde las computadoras hasta los teléfonos de los empleados. Cerca de 120 expedientes de ciudadanos que se asesoran en ese centro fueron robados por los oficiales.
“La ocupación de estos expedientes nos preocupa muchísimo, pues tememos que se tomen represalias contra muchos de estos ciudadanos que están en una posición vulnerable, en tanto están sujetos a un proceso penal”.
Diversent añadió que durante la operación “a todas las mujeres, como acto de vejación, las obligaron a desnudarse completamente y hacer cuclillas. Esto fue lo que realmente afectó a todas”.
“Lo hicieron porque somos mujeres, aunque a Julio Ferrer también lo obligaron a desnudarse”,
“Buscan un procedimiento para inhabilitarme como abogada dentro de Cuba, y paralizar el trabajo de Cubalex”.
Según las argumentaciones de la fiscal Peña de La Hoz, esta acción represiva y arbitraria era parte “de un expediente abierto desde junio por la fiscalía provincial de La Habana contra varias agencias que estaban realizando actividades ilícitas”.
“Una mentira”, defendió Diversent y afirmó que tanto la radicación del expediente contra ella o Cubalex, como la notificación de investigación por parte de la fiscalía provincial, eran de ese mismo viernes a las 7:30 de la mañana.
“Así consta en el acta de ocupación provincial. Por otra parte, nuestra organización no realiza ninguna actividad ilícita. La asesoría legal, que respalda el decreto-ley 81 de ejercicio de la abogacía, es un servicio gratuito. Nosotros no obtenemos beneficios económicos de los ciudadanos que aquí asesoramos”
La presencia de funcionarios de la ONAT durante el operativo y sus acciones represivas fue justificada por la fiscal como “un procedimiento administrativo y no un procedimiento penal”.
Resulta contraproducente, asevera la abogada independiente, que tanto la policía como la fiscalía provincial y la ONAT “tengan potestad de ejecutar un operativo bajo los términos de procedimiento administrativo”.
La ley dice que la ejecución de un registro en domicilio se cumple cuando existe la comisión de un delito. Es decir, es una “diligencia de investigación” para ocupar objetos relacionados con un delito.
“El funcionario de la ONAT levantó un acta a todos los activistas presentes bajo el argumento de estar trabajando de manera ilegal. Se llevaron mi título de propiedad, mi licencia de construcción, mi autorizo de cercado, y levantaron un acta donde dicen que la realidad no coincidía con la autorización de construcción”
Otra de las acusaciones injustificadas en este particular por la funcionaria del MINJUS fue la de “asociación ilícita”.
La coincidencia de esta acusación, en la misma semana que Cubalex esperaba el pronunciamiento de la ministra de Justicia respecto a una respuesta sobre el proceso de legalización del Centro, le resultó sospechosa a la abogada independiente.
“Creo firmemente que la intención de este acto represivo es cancelar, de una manera u otra, el trabajo de Cubalex. Impedir que seamos legítimos al amparo de la ley, y mucho menos que interpongamos un procedimiento en contra de la ministra, que ha vencido el plazo de tiempo para darnos una respuesta. Considero que la magnitud de este acto represivo es un síntoma evidente de desesperación y de miedo del régimen que no prevé el costo político de esta acción”.
Con información de Diario de Cuba
