El dueño del Restaurante 1800, uno de los establecimientos camagüeyanos más reconocidos a nivel internacional, será llevado a juicio el próximo día 22 en el Tribunal Municipal de esa ciudad, sin que existan en su contra delitos graves que ameriten ese proceder por parte de las autoridades involucradas. La supuesta causa de su detención (“Actividad económica ilícita”), y por la cual permaneció en prisión 62 días a pesar de tener los permisos necesarios para ejercer ese tipo de labor, no es más que un pretexto para justificar el mal trabajo de la policía económica de ese territorio; la cual actuó de forma arbitraria y extremista, desconociendo el Decreto-ley no. 315 del 2013.
Ese Decreto-ley, firmado por el propio Raúl Castro Ruz, estipula las sanciones aplicables a los trabajadores por cuenta propia en caso de serles encontradas violaciones en el ejercicio de la actividad en cuestión; no obstante, la policía económica, el cuerpo de instrucción y fiscalía provincial, tomaron la temeraria determinación de desconocer el referido decreto y procesar por el código penal a un ciudadano de bien, sin que lo encontrado en la inspección “multidisciplinaria” (si en el sector estatal están prohibidas dichas inspecciones, ¿por qué son aplicables al sector privado?) llevada a cabo el 23 de septiembre del pasado año, ameritara ese tratamiento.
La petición fiscal hecha al propietario del Restaurante 1800, Edel Izquierdo Fernández, contempla una cuantiosa suma de dinero, así como el decomiso de todas las bebidas ocupadas durante el operativo policial (más de 400 botellas entre vinos, licores rones y otras; también 15 cajas de cervezas). De estas bebidas fueron presentados vales de compra suficientes para justificar su procedencia legal, otras de ellas, constituyen regalos hechos a Edel por amigos y clientes asiduos.
Aún cuando en el mencionado Decreto se deja claro que solo se aplica el decomiso “de materias primas en caso que se demuestre que son dañinas para la salud o de precedencia ilícita”; la fiscalía de Camagüey se ha trazado el propósito de quitar dichas botellas y violar así lo establecido en el 315.
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¿Por qué la policía actuó de forma intempestiva y extremista con un negocio y un propietario, llevando ante lo penal asuntos meramente administrativos? ¿Por qué este organismo pasó por encima de otras estructuras creadas para fiscalizar y controlar la actividad por cuenta propia, cuando no constan delitos graves que justifiquen su proceder?, ¿Por qué tanto la policía como fiscalía desconocen el Decreto ley 315, firmado por el propio Raúl Castro Ruz?; son algunas interrogantes que constantemente se formula la opinión pública, sin que reciban respuestas que sosieguen el creciente descontento popular.
Edel con solo 23 años comenzó a trabajar en el sector de la hotelería y el turismo, alcanzando resultados laborales impresionantes que le valieron disimiles de reconocimientos y distinciones. Luego de 16 años aportando a la economía de la ciudad desde el sector estatal, decidió confiar en la apertura del trabajo por cuenta propia que se promulgaba en la Isla, y apostó por abrir su propio negocio; acción donde no solo invirtió todos sus ahorros personales, sino que también dio como resultado el rescate de un importante inmueble con valor patrimonial, en uno de los sitios más importantes de la ciudad: la Plaza de San Juan de Dios.
Estas cuestiones asociadas a la personalidad del dueño, unido a la trascendencia que ha logrado el establecimiento, hacen que tanto cubanos como extranjeros que conocen el proyecto, apoyen a su dueño y rechacen enérgicamente los atropellos a los que ha sido sometido.
Estos hechos solo demuestran, una vez más, que en Cuba a las personas de bien no les está permitido soñar ni invertir con seguridad; ya que ni el prestigio ganado con sacrificio, ni las propias leyes vigentes, impiden que se cometan arbitrariedades y atropellos.
Redacción Cubanos por el Mundo