La inédita confrontación que mantienen desde hace 11 días en La Habana el gobierno y boteros (transportistas privados), llevó hoy al diario oficial Juventud Rebelde a afirmar que la decisión de las autoridades de establecer “precios máximos” a ese servicio es insuficiente para resolver la complejidad y magnitud de este problema.
“A nadie con un mínimo de sentido común se le ocurriría pedirle al gobierno habanero dejar de ejercer su función reguladora, el asunto está en el cómo, para que ello no derive en su descrédito, o en que los pretendidos beneficiarios terminen más afectados”, afirmó Ricardo Ronquillo, comentarista del diario.
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El gobierno de La Habana estableció el 8 de febrero pasado “precios máximos” a los transportistas privados “ante la necesidad de proteger a la población”, según dijo, y estos disminuyeron sus servicios en desafío a las autoridades y dejando en las calles a cientos de personas urgidas de ese paliativo por la escasez de transporte público en la isla.
“La singular puja entre los transportistas privados y el gobierno (…) nos ubica en el escenario de una sociedad menos homogénea (que la existente hasta la crisis de los años 90 del siglo pasado), en la que comienzan a entremezclarse diversas expectativas e intereses, y en la que parte importante de la autoridad que todos queremos y reclamamos para nuestro Estado dependerá, no solo de su inalterable sentido de la justicia, sino además de su capacidad de concertación”, consideró Ronquillo.
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“Ese control del gobierno, no me da negocio, por eso prefiero hacer la ruta completa hasta donde establecieron el precio tope”, dijo Aurelio Benítez, resumiendo la posición de los transportistas.
Antes de la decisión del gobierno estos taxis colectivos, mayoritariamente autos estadunidenses de las décadas de los años 40 y 50, cobraban por tramos e iban incrementado sus precios, también por tramos. Pero ahora prefieren ir de un punto a otro de la ciudad, sin paradas intermedias, dejando en las calles a cientos de desesperados clientes.
Alegan que el alto costo del combustible –que solo les vende el Estado-, de las piezas y los mantenimientos –que tienen que agenciarse ellos por su cuenta- y los altos impuestos que pagan, no les permiten asimilar los nuevos precios fijados.
Fuente: Milenio
