El grupo opositor Mesa de la Unidad Democrática (MUD), venezolano, y la plataforma ciudadana #Otro18 de la Isla, reflejaron su “preocupación” ante “la deriva anticonstitucional de los gobiernos de Cuba y de Venezuela”, en un comunicado.
Diario de Cuba informó que logró tener acceso a un comunicado entre ambas partes, en la que subrayaron las diferencias entre las situaciones de ambos países: “la mayor visibilidad de su sociedad civil y la clara ruptura política de su estado mínimo de derecho” en Venezuela, mientras que en Cuba prevalece “la debilidad de una sociedad civil que se intenta quebrar por mandato y represión”.
Pese a las diferencias, las partes coincidieron en que “ambos ‘gobiernos’ comparten una misma agenda política”.
Tanto el régimen de Nicolás Maduro como el de Raúl Castro consuman “un nuevo modelo de inconstitucionalidad permanente dentro de un régimen cívico-militar que se refugia detrás del uso político de la soberanía de los estados, como contraria a la soberanía popular o de los ciudadanos”.
“Ambos gobiernos cooperan más entre sí que con sus respectivos pueblos, en su interés de estabilizar regímenes francamente antipopulares.”
La “deriva anticonstitucional cubana es cada vez más notable en la última década” denunciaron, y enumeraron violaciones a la Constitución y a las leyes de procedimiento penal enmarcadas en el trato policial.
“La creación y creciente visibilidad de grupos de odio que todas las semanas, y sin variación, atacan con todo el manojo posible de violencias a las Damas de Blanco, y a activistas de otras organizaciones que practican acciones cívicas no violentas en las calles, se ha convertido ya en política pública estructural, junto al uso desfachatado de la tortura”.
Entre ambos sumaron a la denuncia que el régimen cubano está “recuperando el tipo de prácticas represivas de la época prerrevolucionaria”, las órdenes de registro sin mandato de los tribunales, la violación de los términos establecidos para el registro de vivienda, detenciones ilegales, decomisos, retención de pasaportes, retenciones de activistas para evitar que lleguen a aeropuertos o actividades previstas, entre otros.
“Las autoridades cubanas se colocan en el umbral de la deslegitimación de las venideras elecciones municipales en Cuba, y con ello, del edificio mismo del sistema político cubano”, concluyeron.
Redacción CPEM / Con información de Diario de Cuba
