Samark López, el presunto testaferro del vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami, también sería el brazo ejecutor de una red de corrupción que cobró más de $200 millones en sobreprecios, al facturar más del triple por cada caja de comida que importó para el Estado, develó un informe de la Asamblea Nacional.
La investigación concluye que López se embolsilló cerca de dos dólares por cada tres que le fueron otorgados para importar cajas de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa estatal creado para suministrar comida a precios controlados a los sectores de menos recursos.
Las operaciones fueron realizadas a través de Postar, una empresa de maletín perteneciente a López con sede en Barbados. La compañía cobró al régimen de Nicolás Maduro $42 por cada una de los siete millones de cajas de comida que entregó a los CLAP, facturando un total de $294 millones en el proceso.
Pero el costo de mercado de cada una de esas cajas es de apenas $12.44, resalta el informe, lo que significa que el venezolano pagó un sobreprecio total de $206 millones.
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Aunque el contenido de las cajas ha variado con el tiempo, normalmente contienen 20 productos surtidos que incluyen, harina, pasta, atún enlatado, arroz, leche, aceite, granos, mantequilla, azúcar y mayonesa.
López junto a El Aissami fueron incluidos en febrero en la lista negra del Departamento del Tesoro, en una medida que conllevaba el congelamiento de las cuentas bancarias de ambos venezolanos.
Al realizar la designación, el Tesoro de Estados Unidos dijo que El Aissami es un importante actor en el narcotráfico internacional y que López es su testaferro. La fortuna del vicepresidente venezolano es estimada por las autoridades estadounidenses en varios miles de millones de dólares.
En un país donde nueve de cada 10 venezolanos ha perdido entre cinco y 20 kilos de peso en los últimos seis meses por la aguda escasez de comida, la fuga de vitales dólares a través de este tipo de prácticas de corrupción acarrea un elevado costo en vidas, dijo desde Caracas el opositor Carlos Paparoni, diputado por el partido Primero Justicia.
Pero esa corrupción no es el resultado de una falla en el sistema, sino que en realidad es parte de su diseño, señaló Paparoni, uno de los principales autores del informe.
“Llegamos a la conclusión que, a propósito, los CLAPS habían sido diseñados para que fueran ineficientes, y así abrir las oportunidades para la corrupción. Es decir, mientras en Venezuela hay gente muriéndose de hambre, este gobierno apuesta a poder llevar y poder mantener la corrupción como política de Estado”, manifestó en una entrevista telefónica.
Esa política luce criminal cuando el país atraviesa por “la peor crisis agroalimentaria” de su historia.
“Hoy en Venezuela, uno de cada dos niños menores de cinco años está presentando síntomas de desnutrición, 20 de ellos han fallecido en lo que va de año por esas causas y tenemos tres millones de venezolanos que revisan regularmente las bolsas de basura en las calles para poder comer”, dijo Paparoni.
La investigación determinó que Postar utilizó diferentes mecanismos para tratar de esconder los sobreprecios.
Los productos, adquiridos inicialmente en México, mostraban desde el inicio un incremento de 55 por ciento frente a los costos que fueron pagados por ellos.
Por otro lado, los contenedores utilizados para transportar las cajas estaban llenos a mitad de su capacidad, según la documentación examinada por la comisión de la Asamblea Nacional designada para investigar el caso, aumentado innecesariamente el costo del flete que luego le fue cobrado al venezolano.
Y los costos de la compañía de seguros también fueron exageradamente altos, siendo la póliza manejada por una empresa radicada en Miami que también se encuentra relacionada con López a través de socios comerciales.
Los siente millones de cajas de comida fueron enviados a Venezuela entre enero e inicios de junio del 2017.
Publicado originalmente en El Nuevo Herald
