La organización Amnistía Internacional solicitó la liberación “inmediata” del preso político Jorge Cervantes García, trasladado a la prisión de máxima seguridad de Combinado del Este, el pasado 3 de julio, a pesar de presentar un severo cuadro médico luego de abandonar una huelga de hambre de casi 40 días.
Jorge Cervantes se encuentra privado de su libertad desde el pasado 23 de mayo. El hombre de 48 años de edad es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas y fue arrestado luego de denunciar ante el Partido Comunista el constante asedio en contra de su familia, producto de su activismo.
También es conocido por exponer hechos de corrupción de funcionarios estatales, lo que le ha valido la acusación de presunto “desacato a la autoridad”. A su familia se le ha prohibido tener contacto con él. Según confesó su esposa a Radio Martí, se encuentra asistido por médicos en la sala de reclusos del Hospital Nacional “Enrique Cabrera”, en La Habana.
Por ello Amnistía Internacional ha urgido al régimen de la isla a “poner en libertad de manera inmediata e incondicional a Jorge Cervantes, ya que es preso de conciencia, encarcelado exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión”.
A su vez exige que ofrezca acceso adecuado a médicos “que lo atiendan conforme a la ética médica, incluidos los principios de confidencialidad, autonomía y consentimiento informado”.
En la tercera demanda, el organismo pide a La Habana que garantice “acceso efectivo a su familia y a abogados de su elección, sin demora y con regularidad”.
“Me dice que se encuentra en el Hospital Nacional, en la sala de penados (…) está allí haciéndose unos exámenes, unos chequeos por la mala salud que tiene, (afectaciones) en los riñones”, dijo Gretchen Alfonso, esposa de Cervantes.
Cervantes le sugirió a su esposa que no fuera al hospital a visitarlo “porque no le iban a dar visita”. Le dijo que él avisaría cuando le indiquen que puede recibir a sus familiares, explicó Alfonso, quien agradeció la acción de Amnistía Intenacional.
“Él está ahí (preso) injustamente. Es muy bueno que ellos se estén solidarizando con Jorge, con la familia”, explicó.
“AI considera que las personas que ocupan cargos públicos deben tolerar más críticas que los individuos particulares. El uso de leyes sobre difamación penal con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión”, dijo el texto.
“AI se opone a las leyes que prohíben el insulto o las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o figuras públicas, fuerzas armadas y otras instituciones públicas, o a banderas o símbolos (como las leyes sobre lesa majestad y desacato).
Asimismo, se opone a las leyes que penalizan la difamación, ya sea de personalidades públicas o de particulares, ya que este tipo de actos deben ser competencia del derecho civil. Los cargos públicos no deben recibir asistencia o apoyo del Estado para entablar acciones judiciales por difamación”, concluye el comunicado.
Redacción Cubanos por el Mundo
