El hecho que Cuba participe una vez más en las actividades de la Organización de Estados Americanos es una victoria para los gobiernos latinoamericanos que argumentaron a favor de la solidaridad con Cuba y que ningún país debe ser excluido de la comunidad. Pero si esa solidaridad con Cuba incluyera a todo el pueblo cubano, y no solo al gobierno, allí veríamos una real apertura al diálogo. Aún no es así.
Cuando jefes de Estado o ministros de gobiernos latinoamericanos viajan a Cuba nunca se encuentran con las organizaciones locales de derechos humanos. Ello a pesar de sus propias experiencias con la opresión durante las dictaduras de sus propios países. Cuando la oposición cubana quiere presentar sus puntos de vista sobre la situación en el país a las embajadas latinoamericanas en La Habana, ellas casi nunca abren sus puertas.
Este patrón de exclusión se ve también cuando representantes del movimiento democrático en Cuba viajan por el continente. Cuando once cubanos a finales de julio llegaron al aeropuerto de San Salvador para participar en la VIII Conferencia Ministerial de la organización intergubernamental Comunidad de las Democracias, fueron privados de sus pasaportes y cartas de invitación, detenidos, custodiados por la policía e informados horas más tarde de que serían deportados por “órdenes superiores”.
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