De acuerdo al testimonio de un funcionario de alto rango americano, Estados Unidos está dispuesto a que la aerolínea Cubana de Aviación asuma un código compartido que permita la incautación de sus aeronaves al tocar territorio norteamericano, de modo que se regulen los viajes entre ambos países.
Según el subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental Alex Lee. “La solución a corto plazo es tal vez un acuerdo de código compartido que beneficie a Cubana de Aviación.”
El término “código compartido” corresponde a un convenio suscrito por dos aerolíneas para que en conjunto, puedan aprovechar una ruta establecida, de manera que puedan venderse asientos de un mismo vuelo.
El propósito de Cuba es que su aerolínea tenga acceso al territorio estadounidense, sin embargo, no todo es beneficioso. Tribunales norteamericanos tendrían la potestad de incautar aeronaves pertenecientes al Estado Cubano, por demandas judiciales en curso.
Al participar en una conferencia sobre Cuba organizada por la revista británica The Economist, Lee expresó, no obstante, su expectativa de que el acuerdo bilateral de aviación civil se logre “relativamente pronto”.
El representante norteamericano indicó que la posible solución de fondo para Cubana de aviación se lograría en función de conversaciones para resolver las disputas por propiedades.
“Es por esa precisa razón que creo que el gobierno cubano será muy pragmático en tratar de definir cómo manejar las disputas de propiedad, ya sea por activos expropiados en la isla o por la decisión de un tribunal estadounidense”, afirmó Lee.
A finales de septiembre, las delegaciones gubernamentales de Cuba y Estados Unidos entablaron mesas desde La Habana para conversar sobre los servicios de aviación civil, con miras a instaurar vuelos regulares entre ambos países, y acordaron una reunión informativa en diciembre.
Pese a que reabrieron embajadas este año por primera vez en medio siglo, ambas naciones se reclaman mutuamente montos multimillonarios por confiscación de propiedades estadounidenses y por las consecuencias del bloqueo económico que Washington impuso en 1962 a la isla.
La Ley Helms-Burton (1996), que limitó las prerrogativas del Presidente de EEUU para suspender el bloqueo y amplió el alcance extraterritorial de esta política, denegó la entrada a los Estados Unidos de los directivos de empresas extranjeras (y a sus familiares) que invirtieran en propiedades “confiscadas” en Cuba y estableció la posibilidad de presentar demandas en los tribunales de los Estados Unidos contra la Isla.
Desde entonces se han producido al menos de una decena de fallos controversiales con sanciones millonarias, y en consecuencia, un avión cubano que arribe a territorio estadounidense podría ser expropiado.
