Anthony Daquin dice que las revelaciones publicadas sobre Mossack-Fonseca son solamente la punta del iceberg. “Saldrán informaciones que comprometen mucho más al gobierno de Cuba”, aseguró.
Los “Papeles de Panamá” confirmaron el hecho, pero el ingeniero en computación venezolano Anthony Daquin venía denunciándolo desde hace años: La Habana controla el sistema de pasaportes venezolanos, y tiene en su poder la información de cada ciudadano de ese país al que se ha emitido una cédula electrónica.
Daquin, exasesor del Ministerio de Interior y Justicia bajo el gobierno de Hugo Chávez, denunció por primera vez el caso en el año 2007. Hoy es un asilado político en Estados Unidos.
“Estas revelaciones que han salido a la luz pública sobre el bufete panameño Mossack-Fonseca son solamente la punta del iceberg. Este es el primero de una serie de reportajes. En los siguientes saldrán informaciones que comprometen mucho más al gobierno de Cuba”, dijo Daquin en entrevista concedida al programa Cuba al Día, que transmite Radio Martí.
El exasesor opina que “Venezuela se vio comprometida y entregó su soberanía al gobierno de Cuba”, y añadió que “el gobierno de los Castro logró hacerse de muchísima información, y administrar y manipular las bases de datos de aproximadamente nueve países”.
Daquin explicó que Albet Ingeniería y Sistemas, filial cubana encargada de proveer el software y marcar las directrices de seguridad en el negocio de los pasaportes, estaba dirigida por Ramiro Valdés, “quien dio las primeras instrucciones de cómo se iba a manipular todo esto”, y para ella trabajaban antiguos empleados de la empresa Copextel.
En su página de Facebook, Albet se define cómo “una empresa cubana, cuyo origen y desarrollo se vincula estrechamente a la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI)”, y explica que posee los derechos comerciales de todos los productos y servicios que desarrolla la UCI, y mediante la alianza con otras prestigiosas entidades ofrece soluciones integrales en la esfera de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
El ingeniero ha alertado en varias ocasiones sobre la capacidad de Cuba de elaborar y modificar datos en documentos de identificación de otras naciones, lo que compromete la seguridad de la región.
Daquin asesoró al gobierno venezolano desde 1997 en materia de emisión de documentos de identidad. Después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, advirtió a las autoridades venezolanas de que sus documentos quedarían obsoletos bajo los nuevos estándares de seguridad internacional.
El exasesor chavista refiere que entonces se orientaron cambios, que en un principio iban a ser dirigidos por especialistas e ingenieros venezolanos.
“Sorpresivamente, Ramiro Valdés intervino en el proceso aduciendo que Cuba era experta en sistemas de seguridad. Mi primera reacción fue: Nosotros, Venezuela como país soberano, ¿cómo vamos a entregar nuestros documentos de identificación a una potencia extranjera?”, indicó Daquin.
El ingeniero dijo que la cifra de 172 millones de dólares supuestamente pagados a Cuba por la República Bolivariana de Venezuela por estos servicios no es real.
“Esa es la cifra que aparece en los contratos, pero el gobierno de Cuba se hizo de más dinero. Ese contrato se pagó hasta tres veces”, afirmó, y añadió que Venezuela emitió créditos a la isla por adelantado que fueron totalmente consumidos y no pagados en tiempo con el servicio requerido por Caracas.
Según Daquin, este problema trajo un distanciamiento entre el gobierno de Chávez y La Habana entre los meses de abril a octubre del 2007.
La empresa Albet aún se reserva el acceso a los códigos fuente del software que emite los documentos de identidad venezolanos, amparada por una cláusula en el contrato firmado por La Habana y Caracas.
“Información es poder. El mejor negocio de Cuba es vender información. (…) El sistema de espionaje cubano es uno de los mejores en el mundo. Cuando usted puede manejar datos de varias naciones y emitir documentos de identidad, yo hago la pregunta ¿eso tiene algún valor?”, concluye Daquin.
