La historia está llena de ejemplos de países que se han visto abocados a la guerra, aun sin quererla, por la decisión arrogante y temeraria de sus gobiernos. Colombia parece ser el caso contrario. El presidente Juan Manuel Santos tendrá que sacar adelante la paz, muy a pesar de que aún medio país no cree en ella.
El proceso para ponerle fin al conflicto armado con las Farc ha polarizado tan radicalmente a Colombia, que el nuevo acuerdo logrado el 12 de noviembre tendrá que ser refrendado e implementado en el congreso, sin pasar por las urnas, donde fue rechazado el pasado 2 de octubre.
Tras el plebiscito, el proceso de paz entró en un limbo peligroso, a pesar de que el cese al fuego definitivo ya estaba en marcha. Pasaron 40 días frenéticos en los que el gobierno escuchó a los líderes del No, que obtuvieron una mayoría de apenas 53.000 votos, o 0,43 por ciento de diferencia. A la cabeza del No están dos expresidentes que intentaron hacer la paz con las Farc en el pasado y fracasaron: Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.
De aquellas reuniones salieron 410 propuestas de modificaciones, algunas de las cuales eran dardos envenenados dirigidos al corazón de la negociación. Fórmulas inaceptables en cualquier acuerdo razonable, como que la guerrilla firmara su propia sentencia para ir a prisión y que, de sobremesa, sus líderes no pudieran ir a elecciones.
Otras modificaciones buscaban agitar demonios provenientes de una lectura sesgada del acuerdo. El hecho de que este fuera el primer pacto de paz con una perspectiva amplia de género hizo que muchas iglesias vieran en él una amenaza a la familia y a los valores cristianos. O que tímidos propósitos de distribuir tierras y ofrecer titularidad a campesinos pobres pusieran a temblar a terratenientes que vieron su derecho a la propiedad privada en riesgo. Un tercer tipo de comentarios eran sobre todo jurídicos, razonables, y provenían de las cortes del país.
A los negociadores del gobierno les tocó el insólito papel de defender ante las Farc las propuestas de la oposición, en búsqueda de darle al acuerdo de paz, por vía de la concertación, la legitimidad perdida en el plebiscito. Pero se trataba de una renegociación para un nuevo acuerdo de paz, no de pedirle a las Farc una rendición. El nuevo acuerdo, a pesar de haber incorporado un 80 por ciento de las sugerencias de los opositores, fue rechazado por Uribe y los demás críticos.
Excepto por un puñado de optimistas, casi nadie en el mundo político se hacía ilusiones de que fuera posible el gran acuerdo nacional que pedía Uribe, a sabiendas de que sus propias objeciones al proceso de paz lo hacían sencillamente imposible. Dicho acuerdo nacional implicaba humillar a las Farc poniéndole obstáculos a su ingreso a la vida civil. Además los líderes del No entendieron que con su triunfo en el plebiscito del 2 de octubre tienen un capital electoral suficiente para disputar la presidencia en 2018 y no quieren desperdiciar la oportunidad.
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