El Tribunal Supremo de Justicias (TSJ) de Venezuela sigue en disputa con la Asamblea Nacional (AN) y la oposición de ese país. Este martes emitieron un comunicado en el que sentencia que la Sala Constitucional del TSJ definirá los límites de la inmunidad de los diputados.
La acción del ente judicial responde a la aprobación de la Aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA), alegando que el actuar de los diputados es un atentado contra la estabilidad democrática, acentuando que podrían crear un “estados de conmoción”. Asegurando que la Sala constitucional permitirá el orden constitucional bajo su evaluación.
El “desacato” es otra de las polémicas. El TSJ asevera que desde el 28 de julio de 2016, el Parlamento está en desacato por juramentar a Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana. Diputados de representación indígena.
“A pesar de los reiterados llamamientos realizados por la Sala Electoral y La Sala Constitucional (sic) del TSJ, la Asamblea Nacional ha decidido mantenerse al margen del cauce constitucional, situación que vicia de nulidad cualquier decisión que en ese órgano se adopte.
Es por ello, que respetuosamente se solicita a la más alta Salta del TSJ, que declare nula e inexistente ésta nueva incursión antidemocrática que está asumiendo el Parlamento en contra del Estado de Derecho y que por lo tanto, anule de manera absoluta e inequívoca”, cita el documento.
La Sala constitucional del TSJ, como máxima intérprete de la Carta Magna, también ordena al Primer Mandatario Nacional a que evalúe el comportamiento de las organizaciones internacionales a las cuales pertenece la República, que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual Secretario Ejecutivo de la OEA.
En tal sentido la Sala refirió que la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Siendo esto incompatible con la situación actual de desacato (impuesta por el gobierno) en la que está la AN; y, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales flagrantes.
Redacción CPEM / Con información de El Nacional
