Muchos cubanos consideran correcto que los presos sean privados de sus derechos humanos, lamenta Yamiuris Díaz Vilches, madre del recluso Yandis Francisco Vázquez Díaz, quien actualmente sufre severas golpizas, amenazas y negación de sus medicamentos por parte de las autoridades de un centro penitenciario de Mayabeque.
Es tarea pendiente para la sociedad civil en la Isla entender que la retórica del castrismo se ha encargado de crear confusión e imponer una visión selectiva de los derechos humanos.
Las denuncias sobre las condiciones de encierro a que son sometidos los reclusos —comunes y políticos— en cárceles de la Isla incluyen desde golpizas programadas, humillaciones, represalias judiciales, traslados arbitrarios hacia centros penitenciarios alejados de sus provincias de origen, hasta muertes por negación de asistencia médica.
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Pero “un preso es un preso”, dice Yuniel Martínez. En su opinión, un recluso, por estar cumpliendo una condena de privación de libertad, puede ser privado de sus derechos humanos.
“Cuando caes en el ‘tanque’ lo pierdes todo porque cometiste un delito. Ese es otro mundo con sus reglas y el único dios allí es el guardia. Si quieres derechos, lo mejor es no estar preso”.
Tanto Yuniel como su padre, Juan Armando, jamás han leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que el Gobierno cubano clasifica como subversivo. Tal vez por ello desconocen que en su Artículo 5 este documento expresa que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
“Quizás algunos presos, por la gravedad de sus delitos, merezcan un trato diferente”, considera la farmacéutica Lucrecia Oropesa, pero al ser preguntada sobre cuál sería ese trato opta por el silencio.
“Creo que defender los derechos de un preso es un poco como justificar el delito cometido y suavizar la condena”, añade, y además confiesa que tampoco ha leído ningún documento sobre los derechos humanos.
Para Regla Fernández, exeducadora de círculos infantiles, ese modo de ver las cosas cambia cuando la cárcel “toca de cerca y en la sangre”.
Sus dos hermanos cumplen condenas en el correccional Ho Chi Minh, ubicado en la localidad de Jaruco, y desde octubre del pasado año —asegura Fernández— ambos están siendo “incriminados” por directivos del penal en delitos “construidos”.
“Solo cuando tienes a un familiar en una situación así comprendes que a toda persona se le deben respetar sus derechos. Recurrí a defensores de los derechos humanos, que en ocasiones suelen defenderte o instruirte mejor que un abogado de oficio”.
No pocas organizaciones internacionales y locales han denunciado que en la Isla se violan al menos 15 de los 30 artículos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Publicado en Diario de Cuba
