¿Haciendo historia? Una batalla librada por Julio Ferrer, miembro de la organización independiente Cubalex podría allanar el camino en el marco jurídico oficialista. Según informa el portal Cubanet, la demanda en contra de Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de la República, es el proceso civil 403 del 2017, de la Sala Segunda de lo Civil del Tribunal Provincial de La Habana y está en manos de la decisión de Raúl Castro Ruz.
“No soy iluso. El mayor logro es que ellos la tramiten” aseguró el opositor sobre la decisión. Que el Tribunal Provincial declarar su solicitud como inadmisible lo hizo continuar hacia el Supremo.
Persigue Ferrer una demanda en contra del documento difamatorio que puso a circular la Misión Permanente de Cuba en Ginebra el pasado 14 de 2016 luego de la denuncia del grupo de abogados de la organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cubalex había denunciado el acoso del que habían sido víctimas el 23 de septiembre, lo que forzó a gran parte de sus miembros a exiliarse.
Para el abogado, su demanda es legítima. “Primeramente el Tribunal lo que tiene es que ver si el asunto sobre el que versa la demanda es un asunto de la competencia en materia civil”, y solo si no lo fuera, “sería el único argumento que le permitiría rechazar o declarar inadmisible la demanda porque es un asunto en el cual no puede intervenir”.
Este caso es un asunto civil y, al serlo, “si ellos consideran que falta algo para completarla el artículo 225 de la ley de procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, en el apartado tercero, establece que el Tribunal debe concederle a quien demanda un término de cinco o diez días, en correspondencia al documento que necesite para presentarlo nuevamente”.
Pero el 15 de febrero de este año, según el abogado, “el tribunal dictó el Auto No.19 de febrero de 2018, diciendo que ciertamente yo había establecido la demanda contra el canciller”, en el auto reconocen en el encabezamiento que “yo presenté la demanda para exigir responsabilidad civil por daño moral y que me asiste el derecho a establecerla, pero que falta un requisito que exige el artículo 96 Apartado 2 del Código Civil”, y el artículo dice que “se requiere para la tramitación de esa demanda que el jefe inmediato superior, la autoridad estatal superior del funcionario que está siendo demandado se pronuncie con respecto a la licitud o no de los actos cometidos por el funcionario que está siendo demandado”, profundiza el abogado.
La admisión del Caso
Ya para el 27 de febrero, el Tribunal Supremo decidió admitir el proceso de demanda que incluía constancia de recibo del Consejo de Estado para que se presentara en al menos 10 días ante la Sala de lo Civil a sostener la demanda.
“Ya yo evacué el trámite del emplazamiento, el 5 de marzo”, cuenta Ferrer Tamayo. “Fui a la Sala de lo Civil. La presenté ante el Tribunal Supremo. Ahora queda que el Tribunal Provincial eleve este expediente, el 403 del 2017, a la Sala de lo Civil y entonces ya el asunto quedará a decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo”.
“La demanda ya no la hicieron depender de mí, la hicieron depender de Raúl Castro, el máximo jefe de Gobierno, y es él el que decide si camina o no camina”. Ferrer parece consciente de que no pasarán a los hechos: “Los jueces aquí, aunque yo tenga toda la razón y lo que proceda sea aplicársela a Bruno, son funcionarios, militantes del Partido (Comunista), y proceden a sabiendas de que están violando la ley”.
“Yo soy un disidente, clasificado por ellos como un ‘CR’, contrarrevolucionario, opositor, pero ya tienen que dar una respuesta”, y cierra con lo que parece ser un atisbo de esperanza para futuras demandas contra el Estado: “Su pronunciamiento constituye una interpretación general para todo el territorio nacional porque esa es una de sus funciones: jurisdiccional y política”, en la función política es el facultado para esclarecer dudas y contradicciones, así como la aplicación uniforme para todo el país.
“En este caso ellos van a hacer un pronunciamiento que va a servir de patrón y referencia para todos los cubanos”, concluye el abogado.
Redacción Cubanos por el Mundo
